(El País, 25-02-2025) | Laboral
El Consejo Económico y Social (CES), órgano asesor del Gobierno en asuntos socioeconómicos y laborales, ha emitido un dictamen con una valoración mixta sobre el anteproyecto de ley que propone reducir la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales. Aunque reconoce la importancia de avanzar en la reducción del tiempo de trabajo, cuestiona la justificación económica presentada por el Ejecutivo, considerándola insuficiente y poco fundamentada. El dictamen, al que ha tenido acceso El País, será sometido a votación en el pleno de este miércoles, donde se espera su aprobación por unanimidad, como es habitual en estos casos.
El CES, compuesto por 60 miembros-incluyendo representantes de empresarios, sindicatos y otros sectores como la economía social y las asociaciones agrarias y pesqueras-, destaca la relevancia social y económica de la reducción de jornada. Subraya la necesidad de adaptar las condiciones laborales a los cambios sociales, económicos y tecnológicos, garantizando un equilibrio entre los derechos de los trabajadores y las necesidades organizativas de las empresas. Sin embargo, advierte que persisten discrepancias dentro del propio organismo sobre la mejor vía para implementar esta medida. Mientras que las patronales defienden que la reducción de jornada debería negociarse sector por sector a través de convenios colectivos, los sindicatos y el Ministerio de Trabajo apuestan por una reforma legal.
El CES también señala la importancia de una transición flexible para la aplicación de la nueva normativa. Aunque el Ministerio de Trabajo prevé su entrada en vigor antes del 31 de diciembre de 2025, el organismo recomienda establecer un marco más adaptable que permita a las empresas sin convenio colectivo en vigor reorganizarse y, en los casos donde sí exista un acuerdo, un plazo suficiente para su adecuación a través de la negociación colectiva. Esta postura se alinea con la que inicialmente defendió el Ministerio de Economía antes de la aprobación del anteproyecto en el Consejo de Ministros.
Otro punto abordado es el registro de jornada, que la nueva ley estipula que debe ser digital e interoperable para facilitar la supervisión de la Inspección de Trabajo. El CES sugiere que esta regulación garantice su compatibilidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos y el Reglamento General de Protección de Datos de la UE. Además, plantea la necesidad de considerar las particularidades de sectores como el agrario y el pesquero, donde la implementación de herramientas digitales puede ser más compleja. No obstante, valora positivamente la unificación de toda la normativa sobre registro de jornada en un solo artículo, lo que, a su juicio, aporta claridad.
El dictamen es especialmente crítico con el análisis económico de la reforma, calificándolo de incompleto y poco riguroso. Señala que una medida con tanto impacto en la economía debería estar respaldada por un estudio detallado que evaluara sus efectos a corto y medio plazo en el conjunto del sistema productivo, considerando la diversidad del tejido empresarial español. También echa en falta un análisis más profundo sobre las repercusiones económicas indirectas de la reducción de jornada, ya que la memoria de impacto normativo se limita a dar por hecho ciertos efectos sin sustentarlos con datos concretos. Además, considera que la exposición de motivos debería incluir una argumentación más sólida desde el punto de vista jurídico y sociológico.
Por último, el CES critica la falta de tiempo para analizar con mayor profundidad el anteproyecto, como suele ocurrir en los trámites de urgencia. Lamenta que no se haya respetado el plazo ordinario para su evaluación, lo que habría permitido un estudio más detallado del contenido. Reivindica así su papel como órgano consultivo, asegurando que su función no debe limitarse a un mero trámite, sino aportar valor real a la toma de decisiones. El anteproyecto necesita la aprobación del Congreso para entrar en vigor, y su futuro dependerá en gran medida del voto de Junts, cuya posición aún no está definida.