(El País, 30-12-2024) | Fiscal
El Consejo General de Economistas (CGE) ha expresado su desacuerdo con los nuevos impuestos dirigidos a la banca y las energéticas, que entrarán en vigor en 2025, al considerar que estos tributos sectoriales carecen de una justificación económica sólida. Según Valentín Pich, presidente del CGE, "parece que los impuestos se crean y eliminan en función de intereses meramente políticos, sin considerar la recaudación ni los posibles beneficios que puedan generar". Además, criticó que estas medidas puedan contribuir a una percepción negativa de las empresas simplemente por generar beneficios. También cuestionaron la forma en que estas reformas han sido aprobadas, de manera fragmentada y apresurada al final del año, lo que genera "inseguridad jurídica e incertidumbre", según Agustín Fernández, presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF-CGE).
El impuesto a la banca, que se estableció en 2022 de forma temporal para gravar los beneficios extraordinarios derivados del alza de los tipos de interés, se prolongará por tres años más y será progresivo, ajustándose al volumen del margen de intereses y comisiones generado por las entidades. Por su parte, el nuevo gravamen a las grandes energéticas, aprobado por decreto el pasado 23 de diciembre, incluye incentivos para inversiones en energías verdes. Sin embargo, este impuesto enfrenta un futuro incierto debido a la falta de apoyos suficientes en las Cortes para su convalidación.
Pich expresó su escepticismo respecto a estos gravámenes específicos: "No estamos de acuerdo con los impuestos sectoriales. Cuando las empresas tienen ganancias, ya pagan el impuesto de sociedades; si tienen pérdidas, es su problema. Aplicar tributos específicos a sectores concretos puede generar un efecto adverso, transmitiendo la idea de demonizar a ciertas industrias". Añadió que, en lugar de imponer impuestos adicionales, sería más apropiado ofrecer incentivos para fomentar la reinversión.
Además de los tributos mencionados, el Gobierno ha impulsado un paquete fiscal que incluye cambios significativos en diversas áreas impositivas. En el IRPF, se incrementa en dos puntos el tipo aplicado a la base del ahorro para ingresos superiores a 300.000 euros, lo que, según el REAF-CGE, genera una disparidad entre la tributación de personas físicas y empresas. También se introducen exenciones fiscales para los fondos destinados a cubrir daños por fenómenos naturales y se amplían las deducciones por eficiencia energética en viviendas y la compra de vehículos eléctricos.
Por otra parte, en el impuesto de sociedades, se contemplan reducciones de tipos para pymes y micropymes, además de prorrogar hasta 2025 la libertad de amortización para inversiones en energías renovables. Asimismo, se han introducido mejoras en la reserva de capitalización y se han mantenido los límites para la compensación de bases negativas. En el IVA, los yogures y algunos aceites tendrán un tipo superreducido del 4%, y se implementarán medidas para combatir el fraude en el comercio de combustibles.
El paquete fiscal también prevé un aumento de los impuestos sobre el tabaco y la entrada en vigor de un tributo sobre los vapeadores. Sin embargo, el CGE considera que todas estas medidas debieron ser aprobadas en un marco más estructurado, como una ley de presupuestos, en lugar de incluirse a última hora en leyes ya existentes. "Hubiera sido más apropiado aprobar estas reformas tributarias de forma específica y planificada", concluyó el organismo.