(El País, 17-09-2024) | Laboral
El año 2023 fue, en líneas generales, positivo para la sociedad y la economía española, según el informe del Consejo Económico y Social (CES), un organismo consultivo del Gobierno que integra a empresarios, sindicatos y representantes de la economía social. No obstante, este análisis sobre la situación socioeconómica de España, presentado este lunes por el presidente del CES, Antón Costas, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lanza algunas advertencias a las autoridades. Entre ellas, destaca la necesidad de mejorar la transparencia en la gestión de los fondos europeos, en especial, en la evaluación de la calidad de las inversiones destinadas a políticas activas de empleo.
El informe señala que, tras tres años de la implementación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), el balance es "mixto". Aunque casi el 90% de los fondos iniciales han sido comprometidos, solo algo más de la mitad ha llegado a la economía real. Los expertos del CES subrayan que los sistemas de información sobre el PRTR no tienen la suficiente transparencia y detalle para detectar el verdadero impacto de los fondos a nivel sectorial y regional.
Dado el potencial impacto de estos fondos, el CES considera necesario corregir las debilidades en el diseño, gestión y resolución de las convocatorias, además de asegurar los recursos suficientes para utilizar los fondos en el tiempo previsto (hasta 2026). También abogan por una mayor participación de las autoridades locales y regionales, de la sociedad civil y de los agentes sociales en el Plan. Pese a estas advertencias, creen que las ayudas europeas están contribuyendo a transformar el tejido productivo de España, incrementando el peso de los servicios no turísticos con mayor valor añadido.
El informe aborda también aspectos concretos del Plan de Recuperación, como las inversiones en políticas activas de empleo, e incluye varias advertencias. Aunque España sigue teniendo una de las tasas de paro más altas de Europa, se mantuvo entre los países de la UE-27 que destinan un mayor porcentaje de su PIB a estas políticas. Sin embargo, persisten deficiencias en el gasto en relación con el impacto del desempleo, tanto en términos de cobertura de los desempleados como en el gasto por persona en busca de empleo.
En cuanto a la implementación de las inversiones en políticas activas de empleo dentro del PRTR, se han ejecutado en un 57,2%, una cifra superior a la del conjunto del plan (40,1%). No obstante, el CES critica la falta de información para evaluar tanto la calidad de las medidas como su impacto real en la población objetivo y en el tejido productivo. Esto pone de relieve la necesidad de una evaluación más sistemática y de mayor calidad en las políticas activas de empleo.
Un ejemplo de esta falta de datos es el proyecto Send@, que se centra en el perfilado de los demandantes de empleo y es considerado clave para la digitalización de los servicios públicos de empleo en España. A pesar de su diseño inicial en 2019 y 2020, el informe señala que no existen datos sobre su implementación ni sobre su impacto en la empleabilidad de los usuarios, limitándose a una evaluación preliminar realizada por la OCDE y la Comisión Europea en 2022.
Asimismo, el CES reclama una mejora en la comunicación entre los diferentes niveles administrativos y departamentos implicados, ya que la falta de coordinación es vista como un obstáculo para la implementación eficaz de los fondos europeos y un posible riesgo para la sostenibilidad de las medidas a largo plazo.
El documento también alerta de "retrasos significativos en la gobernanza y ejecución de las políticas activas de empleo", que incluyen las acciones formativas dirigidas al personal del Servicio Nacional de Empleo. A pesar de que se han cumplido la mayoría de los objetivos marcados por Bruselas en materia de empleo, se destaca la falta de avances en la modernización del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral. El informe denuncia también retrasos en las inversiones destinadas a mejorar la empleabilidad de parados y ocupados, además de señalar la escasa coordinación entre los servicios de empleo y los servicios sociales, así como la insuficiencia de personal disponible.