(El Economista, 27-01-2025) | Laboral
El Gobierno planea cerrar esta semana el aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2025, aunque es poco probable que logre un acuerdo con la patronal en la última reunión, ya que esta rechazó la propuesta empresarial de subirlo un 3%, considerándola "insuficiente". Todo apunta a que el Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, optará por un incremento del 4,4%, siguiendo la recomendación más alta de los expertos, pero por debajo del 5% o 6% que exigían los sindicatos. Este ajuste supondrá un esfuerzo adicional para las empresas, que han visto aumentar el coste mínimo de contratación en un 62% desde 2018 (incluyendo cotizaciones).
Durante este tiempo, el SMI ha crecido significativamente, superando la inflación promedio, lo que ha mejorado el poder adquisitivo de los trabajadores pero ha generado dificultades para sectores como el agrícola y las empresas que prestan servicios al sector público, las cuales no han podido trasladar estos costes adicionales. En 2018, el SMI estaba en 735,9 euros al mes, y se espera que pronto alcance los 1.184 euros brutos mensuales, lo que representa un incremento del 60% en siete años. Este aumento ha venido acompañado de mayores cotizaciones sociales, impulsadas por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) de la última reforma de las pensiones.
Con esta subida, el coste mínimo para contratar a un trabajador se situará en 22.318 euros al año, según Cepyme, frente a los 13.802 euros de 2018, lo que implica un aumento del 61,7%, un porcentaje ligeramente superior al incremento bruto del SMI debido al impacto de las cotizaciones sociales. Las empresas, en promedio, destinarán 5.742 euros a cuotas de la Seguridad Social con un tipo general del 34,65%, que varía según el sector, con bases por contingencias profesionales que oscilan entre el 0,9% y el 7,25%. La patronal ha utilizado un promedio del 4,08% para estimar el impacto del aumento.
La subida propuesta por Trabajo, de 50 euros al mes o 700 euros anuales brutos, implicará un coste adicional mínimo de 975 euros por trabajador para las empresas en 2025, lo que equivale a 68,3 euros al mes repartidos en 14 pagas. Desde 2018, las empresas han asumido un aumento de 8.516 euros anuales por trabajador, un 40% más, debido en gran medida a la actualización del SMI, mientras que los tipos de cotización apenas han variado, salvo por la introducción del MEI.
La patronal propuso un incremento del 3% acompañado de medidas compensatorias, como ayudas al sector agrícola, bonificaciones a las cotizaciones y una reforma de la ley de desindexación para ajustar los precios en contratos con la administración. Sin embargo, tanto los sindicatos como el Ministerio de Trabajo rechazaron esta propuesta.
Hasta ahora, los trabajadores que perciben el SMI no han pagado IRPF gracias al ajuste del mínimo exento, una medida implementada por el Gobierno para que los aumentos salariales no se vieran reducidos por impuestos. Sin embargo, dado que el SMI ya afecta a 2,5 millones de trabajadores, este año el Ministerio de Hacienda está reconsiderando si mantener este ajuste. Esto ha generado divisiones entre los sindicatos: UGT exige que el aumento esté libre de impuestos, mientras que CCOO prioriza una mayor subida salarial, aunque implique pagar IRPF.
El Ministerio de Trabajo defiende que el mínimo exento debe ajustarse nuevamente, pero reconoce que esta decisión recae en el Ministerio de Hacienda. Según fuentes del Ejecutivo, la eliminación de esta exención fiscal ha sido un objetivo recurrente de María Jesús Montero, ministra de Hacienda, desde que Unidas Podemos comenzó a colaborar con el PSOE.
De no aplicarse el ajuste del mínimo exento, los trabajadores que ganen el nuevo SMI tributarán a un tipo superior al 40% por los ingresos comprendidos entre los 15.876 euros (mínimo exento actual) y los 16.576 euros previstos para 2025. Esto supondría destinar aproximadamente 300 euros al IRPF, lo que equivaldría al 43% de la mejora salarial, afectando especialmente a quienes perciben salarios cercanos al SMI. Este impacto podría evitarse si se mantiene la regla de ejercicios anteriores y se ajusta el mínimo exento al SMI anual.