(La Vanguardia, 28-03-2025) | Fiscal
El déficit público lleva cinco años consecutivos reduciéndose desde los picos alcanzados durante la pandemia. En 2024, se situó en el 2,8% del PIB, lo que equivale a 44.597 millones de euros, según los datos presentados este jueves por el Ministerio de Hacienda. Esto representa un descenso en comparación con el 3,5% registrado el año anterior y se mantiene por debajo del límite establecido por las normativas europeas. Este ajuste ha sido posible gracias al sólido crecimiento económico del 3,2% en 2023 y a una recaudación fiscal récord, que aumentó un 8%, alcanzando los 294.734 millones de euros. "Las cifras que presentamos hoy reflejan la mejora de las cuentas públicas", afirmó la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la presentación de los datos presupuestarios.
Si se tiene en cuenta el impacto de la dana -que la Comisión Europea ha decidido excluir al evaluar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad-, el déficit se elevaría hasta el 3,15% del PIB, lo que supone un incremento de unos 5.600 millones de euros (0,35% del PIB), asumidos en su mayor parte por el Estado.
El Ejecutivo había previsto un déficit del 3% del PIB para 2023, en línea con el tope marcado por las reglas fiscales europeas. Según el plan de ajuste remitido a Bruselas en octubre, el Gobierno planea reducir el déficit de las Administraciones públicas al 2,5% en 2025, al 2,1% en 2026 y al 0,8% del PIB en 2031, último año contemplado en las proyecciones.
Sin embargo, el Gobierno no había contemplado el impacto económico de la dana, que ha requerido una respuesta inmediata tanto en términos de asistencia humanitaria como de recursos financieros. Según la Autoridad Fiscal, organismo independiente que supervisa las cuentas públicas, el Ejecutivo ha destinado cerca de 16.650 millones de euros en apoyo a las zonas afectadas mediante tres decretos. A esta cantidad se suman los aproximadamente 1.300 millones movilizados por la Comunidad Valenciana. Se estima que el impacto total de estas ayudas en el déficit público asciende a unos 9.500 millones de euros, lo que equivale a seis décimas del PIB entre 2024 y 2025, es decir, tres décimas por año.
Desde Bruselas han confirmado que este gasto extraordinario destinado a mitigar los efectos de las inundaciones no se considerará a la hora de evaluar el cumplimiento del marco de estabilidad fiscal, el cual ha vuelto a aplicarse tras cuatro años de suspensión. Durante ese período, los países de la UE tuvieron margen para aumentar el gasto con el fin de hacer frente a la crisis sanitaria y la inflación, aunque ahora las nuevas normas ponen el énfasis en la reducción de la deuda.
Otro factor que amenaza la estabilidad de las cuentas públicas es el conjunto de sentencias judiciales adversas para el Estado, que obligan a devolver miles de millones de euros. Según Montero, el resultado presupuestario de 2024 ya contempla 11.000 millones de euros (0,7% del PIB) derivados de estos fallos judiciales, los cuales atribuyó a la "mala gestión" de anteriores gobiernos del PP. De este total, aproximadamente 8.000 millones corresponden a gastos puntuales que no se repetirán en el futuro.
Entre los fallos más relevantes, la ministra destacó la sentencia que anula la reforma del impuesto de sociedades de 2016, lo que ha generado devoluciones por unos 3.000 millones de euros. Además, se han destinado 1.100 millones para compensar a los afectados por el complemento de maternidad en las pensiones, mientras que la decisión judicial que obliga a reembolsar a los jubilados de las antiguas mutualidades las cantidades tributadas en exceso durante su vida laboral ha supuesto un coste de 5.936 millones de euros.
En relación con esta última cuestión, Montero anunció un cambio en el calendario de devoluciones, permitiendo que los afectados puedan solicitar el reembolso en un único pago, tal como han reclamado sindicatos y beneficiarios. Hasta ahora, tras el fallo del Tribunal Supremo, los antiguos mutualistas solo podían reclamar la devolución de los últimos cuatro años no prescritos, pero en diciembre la Agencia Tributaria limitó esta posibilidad a un solo ejercicio por año. "Hemos decidido modificar este criterio para permitir un pago único de la cantidad total a recibir. La Agencia Tributaria lo gestionará y solo será necesario confirmar que se desea ejercer este derecho", explicó la ministra, añadiendo que el desembolso se realizará mayoritariamente en 2025.
El déficit público refleja el desajuste entre los ingresos y los gastos de las Administraciones públicas. Es habitual que los países presenten cierto nivel de déficit sin que esto comprometa la sostenibilidad económica, siempre que no se prolongue en el tiempo o supere ciertos umbrales. Cuanto mayor y más persistente sea este desequilibrio, más difícil resulta gestionar la deuda pública, especialmente si ya es elevada. En el caso de España, aunque la ratio de deuda sobre el PIB ha disminuido desde los máximos registrados en 2020 y 2021, sigue siendo un factor preocupante: en 2024, superó el 101% del PIB, según datos del Banco de España. El Gobierno prevé que esta ratio caiga por debajo del 100% el próximo año y que en 2031 se sitúe en torno al 90% del PIB.