(Expansión, 20-02-2025) | Laboral
La Seguridad Social ha especificado que las transferencias del Estado deberán considerarse ingresos del sistema, lo que supone casi 50.000 millones de euros provenientes de impuestos. Esta decisión aleja la posibilidad de un dictamen negativo que pudiera exigir ajustes en el sistema. Sin embargo, algunos expertos advierten que esta medida podría distorsionar la verdadera situación financiera de la Seguridad Social.
El Gobierno ha dado este paso antes de que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) inicie la evaluación de la reforma del sistema público de pensiones en los próximos meses, en cumplimiento de la cláusula de salvaguarda incluida para garantizar la aprobación de Bruselas. A través de un decreto aprobado el pasado martes y publicado en el BOE, el Ejecutivo ha definido los criterios sobre los que la Airef debe basar su análisis.
Si la evaluación detectara un desequilibrio mayor del previsto en el sistema de pensiones, el Gobierno se vería obligado a tomar medidas correctivas, ya sea reduciendo el gasto o aumentando los ingresos mediante un incremento del mecanismo de equidad intergeneracional u otras formas de recaudación. Como cualquier decisión en este sentido debe contar primero con el respaldo de los agentes sociales y luego con el de los partidos políticos, la cláusula establece que, en caso de no alcanzarse un acuerdo, la solución automática será un incremento adicional del mecanismo de equidad, el cual empezará a gravar un 1,2% del salario a partir de 2029.
El nuevo reglamento aprobado detalla cómo la Airef debe evaluar la situación financiera de la Seguridad Social, destacando que las transferencias estatales serán contabilizadas como ingresos propios del sistema de pensiones. Esto incluye las aportaciones presupuestarias provenientes de impuestos, utilizadas cada año para financiar compromisos de gasto y contener el déficit del sistema. En 2023, el déficit de la Seguridad Social fue del 0,6% del PIB (unos 9.000 millones de euros), cifra que se logró gracias a las cotizaciones sociales y a la inyección de casi 44.000 millones de euros en transferencias estatales.
El decreto también establece que el sistema público de pensiones incluirá tanto el Régimen General de la Seguridad Social como el Régimen Especial de Clases Pasivas. Además, se especifican los conceptos que se considerarán ingresos del sistema, haciendo mención explícita a las transferencias estatales contempladas en los Presupuestos Generales del Estado.
Con esta regulación, la Airef deberá contabilizar como ingresos los cerca de 50.000 millones de euros que el Estado transfiere al sistema, una cantidad que, entre otras cosas, cubre alrededor de 23.000 millones en gastos impropios de la Seguridad Social. No obstante, los expertos advierten que esta metodología de cálculo enmascara la verdadera situación del sistema. De hecho, si solo se considerara el saldo entre ingresos por cotizaciones y gastos en pensiones, el déficit contributivo real superaría los 30.000 millones de euros, según el Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social de la Universidad de Valencia.
En este contexto, la inclusión de impuestos como ingresos del sistema garantiza prácticamente un dictamen favorable de la Airef, evitando así la necesidad de nuevos ajustes o negociaciones. No obstante, Miguel Ángel García Díaz, investigador de Fedea y profesor de Economía Aplicada en la URJC, advierte que aceptar estas transferencias como parte del sistema "desvirtúa el propósito de la cláusula de cierre y no garantiza realmente la sostenibilidad financiera de las pensiones".
Según sus estimaciones, incluso si se cumplieran los requisitos de gasto e ingresos fijados en la reforma (15% del PIB en gasto y 1,7% del PIB en nuevos ingresos), el sistema seguiría presentando un déficit estructural que podría superar el 2% del PIB en 2048 y el 3% si se incluyen estas transferencias. García Díaz también señala que esta estrategia de interpretación financiera "afecta negativamente la renta disponible de las generaciones futuras", lo que pone en cuestión la sostenibilidad del sistema en el largo plazo.