(El País, 29-10-2024) | Mercantil, civil y administrativo
El Gobierno ha comenzado a implementar las medidas incluidas en su plan de regeneración democrática. Este martes, el Consejo de Ministros aprobará un primer paquete de iniciativas destinadas a reforzar la lucha contra la corrupción. Según fuentes gubernamentales, se incluyen la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante y dos nuevas fiscalías, una especializada en delitos económicos y otra en delitos contra la administración pública.
El Ejecutivo, que en septiembre aprobó las bases del Plan de Acción por la Democracia, empieza así a poner en marcha las medidas prometidas. El plan de regeneración contemplaba, en un plazo de dos meses y mediante real decreto, la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, así como la formación de dos unidades especializadas en la Fiscalía General del Estado para combatir tanto la corrupción pública como la privada, aumentando además el número de fiscales encargados de investigar y procesar estos casos. Según el Gobierno, se sumarán 79 nuevos fiscales, aunque algunas fuentes señalan que varias de estas plazas ya estaban previstas.
La creación de la Autoridad Independiente cumple con la Ley 2/2023, que regula la protección de quienes denuncian infracciones y fomenta la lucha contra la corrupción. Esta autoridad, que será autónoma e independiente del Gobierno y las administraciones, dotará a España de un marco legal para proteger a las personas que informan sobre posibles irregularidades. Aunque la ley fue aprobada en marzo de 2023, se ha retrasado el real decreto que debía establecer esta figura, inicialmente programado para este año.
Las denuncias podrán realizarse a través de un canal seguro, donde la Autoridad Independiente verificará la información y, si corresponde, la remitirá a la Fiscalía. El Gobierno asegura que se protegerá el anonimato de los denunciantes, junto con medidas que eviten represalias, como la anulación de cualquier acto perjudicial para el informante, como un despido, y la investigación y sanción de conductas represivas. Además, se proporcionará apoyo a los informantes en forma de asesoría legal, ayuda psicológica y apoyo financiero, dependiendo de cada caso.
Otra medida incluida en el plan de regeneración democrática es la ampliación de la plantilla del Ministerio Fiscal con 79 nuevas plazas. Según el Gobierno, esto busca mejorar la respuesta penal frente a delitos, especialmente en la lucha contra la corrupción y la violencia de género. Como parte del compromiso de establecer estructuras dedicadas a combatir la corrupción, se crean dos nuevas Fiscalías de Sala: una para delitos económicos y otra para delitos contra la administración pública. Estas unidades contarán con seis nuevos fiscales, incluidos dos fiscales de sala y cuatro fiscales adscritos.
La Fiscalía de delitos económicos se centrará en delitos fiscales y contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. Aunque ya existen fiscales especializados en delitos económicos, como el fiscal Fernando Rodríguez Rey, se busca ahora unificar criterios y coordinar el trabajo de todos los fiscales especializados. La segunda unidad, dedicada a los delitos contra la administración pública, se ocupará de casos de malversación, cohecho y prevaricación, delitos comunes en casos de corrupción en administraciones autonómicas, provinciales y locales.
Además, se refuerza la fiscalía especializada en violencia de género, con nuevas plazas de fiscales en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en Valencia, Málaga, Las Palmas de Gran Canaria, Pamplona, Almería y Dos Hermanas (Sevilla). Paralelamente, en el marco del plan del Ministerio del Interior contra el narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar, se fortalecerán los recursos de la fiscalía para combatir el crimen organizado en áreas como Cádiz y Algeciras.