(Cinco Días, 06-11-2024) | Fiscal
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha informado este martes sobre una primera fase de ayudas de 10.600 millones de euros, aprobadas en un decreto del Consejo de Ministros que declara como zona catastrófica a las provincias afectadas. Estas medidas incluyen una amplia gama de ayudas directas para familias y empresas con el objetivo de aliviar los daños, una nueva incapacidad temporal extraordinaria para trabajadores, 5.000 millones en avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) disponibles también para hogares, diversas ventajas fiscales y la cobertura total de los gastos que deberán asumir los ayuntamientos en la gestión de la emergencia.
El Gobierno implementará estas y otras acciones a través del Plan de respuesta inmediata de reconstrucción y relanzamiento de la Comunidad Valenciana, estructurado en tres etapas: una primera fase de respuesta inmediata en las próximas semanas, una segunda para la reconstrucción de las áreas afectadas y, finalmente, una tercera destinada a "adaptar el territorio a la emergencia climática", según expresó Sánchez. Todas las medidas se anunciarán en un banner que el Gobierno incluirá hoy mismo en su página oficial, lamoncloa.gob.es. Hasta ahora, estas son las iniciativas comunicadas por el presidente.
El Gobierno ha creado una figura de incapacidad temporal extraordinaria para aquellos afectados física o psicológicamente por las inundaciones, permitiendo cobrar el 75% del salario desde el primer día de concesión de la incapacidad. Además, según el Real Decreto 307/2005, que regula las subvenciones para zonas catastróficas, se otorgará una compensación de hasta 72.000 euros para quienes sufran una incapacidad permanente debido a la DANA.
Sánchez ha presentado también un paquete amplio de exenciones fiscales, similar a las implementadas durante la pandemia y la erupción en La Palma. Los afectados no deberán pagar el IBI de sus viviendas en 2024, ni las tasas por baja de vehículos inservibles o por reexpedición de documentos extraviados, y las ayudas por daños personales estarán exentas de tributar en el IRPF.
Las empresas que paralicen su actividad mediante expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) estarán exentas de abonar las cotizaciones a la Seguridad Social de sus empleados hasta febrero de 2025. Además, estas empresas recibirán una reducción en el impuesto de actividades económicas en 2024, y se ha aprobado una reducción del IRPF y del IVA para las explotaciones agrarias de la zona afectada. El Ministerio de Hacienda, por su parte, ha aplazado el segundo pago de la declaración de la renta hasta 2025, lo cual beneficiará a 200.000 contribuyentes afectados.
Las personas con hipoteca o créditos al consumo podrán suspender el pago íntegro durante tres meses y solo abonar los intereses en los nueve meses siguientes. Esto permitirá que los hipotecados no tengan pagos durante el primer trimestre y solo afronten unos 300 euros mensuales en los siguientes meses. Esta medida fue negociada con las entidades financieras.
El Gobierno reactivará los avales del ICO, lanzados inicialmente durante la pandemia, para facilitar a los afectados préstamos respaldados por el Estado en condiciones favorables. Se destinarán 5.000 millones de euros, activándose progresivamente. El primer tramo de 1.000 millones podrá solicitarse a partir de la próxima semana en diversas entidades financieras. A diferencia de la pandemia, estos préstamos no solo estarán dirigidos a pymes y autónomos, sino también a hogares para las tareas de limpieza y reparación. No obstante, las ayudas directas para arreglar viviendas y negocios serán la principal fuente de apoyo.
Sánchez ha anunciado que se cuadruplicarán las ayudas del Real Decreto 307/2025, destinado a emergencias y catástrofes, para reparar o reemplazar bienes dañados. Estas ayudas serán universales, sin importar el nivel de ingresos de los afectados.
Para la reparación de viviendas, las ayudas oscilarán entre 20.000 y 60.000 euros, y para el reemplazo de muebles, electrodomésticos y otros bienes serán de hasta 10.300 euros. Además, se habilitarán fondos para comunidades de vecinos, con un máximo de 37.000 euros para áreas comunes. Estas ayudas se entregarán en un máximo de 30 días y el Gobierno reducirá al mínimo el papeleo. Las personas con ingreso mínimo vital o prestaciones no contributivas verán un incremento del 15% en sus ayudas durante los próximos tres meses. Respecto a los vehículos siniestrados, el Consorcio de Compensación de Seguros ya ha iniciado los pagos, y el Gobierno aumentará la indemnización en un 20% sobre el valor de tasación.
Las ayudas para empresas también serán universales, aunque se priorizará a autónomos y pymes, que predominan en las áreas afectadas. En total, se destinan 838 millones de euros para estas ayudas, disponibles solo para empresas y autónomos con domicilio fiscal en las zonas afectadas. Las ayudas individuales para autónomos serán de 5.000 euros, y para empresas, entre 10.000 y 150.000 euros, según su volumen de negocio. Las ayudas se entregarán en 30 días y sin trámites burocráticos, solo requerirán un número de cuenta para el cobro.
Las empresas podrán solicitar ERTE de fuerza mayor para sus empleados mientras permanezca la imposibilidad de reanudar sus actividades, con exención total de cotizaciones. Los autónomos podrán solicitar un cese de actividad extraordinario, incluso si no cuentan con el tiempo mínimo de cotización necesario, con una ayuda equivalente al 70% de su base reguladora.
El Gobierno asumirá la mayoría de los gastos de limpieza y reconstrucción, evitando que los costos recaigan sobre los ayuntamientos y diputaciones. El Estado cubrirá el 100% de los gastos de emergencia que realicen las corporaciones locales en limpieza, reparaciones de suministro de agua, alojamiento y manutención de la población afectada. Asimismo, el Estado asumirá el 50% del gasto en inversiones para la reparación de infraestructuras públicas locales.
Los municipios necesitarán refuerzos en juzgados y registros de propiedad para gestionar los trámites derivados de los daños por las riadas. Ante el daño en muchos de estos locales, el Gobierno se ha comprometido a reforzar estos servicios con nuevas oficinas y un portal de emergencias registrales.
Finalmente, el Ejecutivo ha solicitado ayuda del Fondo Europeo de Solidaridad y ha instado al Consejo Europeo y al Parlamento a aprobar un nuevo reglamento que permita reprogramar los fondos de cohesión destinados a España para dedicar parte de los recursos a la respuesta ante catástrofes naturales. "Apoyaremos a nuestra gente hasta el final para revitalizar las zonas afectadas y recuperar la normalidad", concluyó Sánchez.