(El País, 22-01-2025) | Mercantil, civil y administrativo
El Gobierno ha dado luz verde hoy a un anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) durante el Consejo de Ministros, con el objetivo de "adaptar la Administración de Justicia a las necesidades de la sociedad actual y garantizar tanto la igualdad de oportunidades como la excelencia en su acceso", según ha informado Moncloa. Entre las medidas destacadas, se incluye la creación de un sistema público de becas de cuatro años de duración, con un valor equivalente al salario mínimo interprofesional (SMI), para quienes deseen opositar a la carrera judicial.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha calificado esta reforma como "un paso crucial para modernizar el servicio público de la Justicia" y la ha señalado como "la primera transformación significativa desde la aprobación de la Ley Orgánica del Poder Judicial en 1985". Tras la reunión del gabinete, Bolaños detalló que el texto introduce un examen escrito anónimo como parte del proceso de selección para la carrera judicial y fiscal, además de incrementar las plazas disponibles para jueces y fiscales.
El nuevo sistema de selección combinará una prueba escrita en la que se evaluará la capacidad para redactar y conectar conceptos jurídicos, un examen tipo test (como el actual) y una única prueba oral, en lugar de las dos orales que se realizaban anteriormente. Asimismo, el programa de becas ya anunciado por el Ejecutivo ofrecerá a los aspirantes una ayuda económica equivalente al SMI durante un periodo de cuatro años.
Además, se crearán centros de estudio específicos para que los opositores puedan prepararse, incluyendo la posibilidad de utilizar instalaciones públicas como el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) para ensayar sus temas. El anteproyecto también establece nuevas normas sobre la financiación de las asociaciones judiciales, prohibiendo las aportaciones de origen privado.
Según Bolaños, esta reforma se centra en cinco prioridades: fomentar la igualdad de oportunidades en el acceso a la carrera judicial y fiscal; garantizar la excelencia y captar a los mejores talentos para la Justicia del siglo XXI; aumentar el número de profesionales en estas carreras; promover el desarrollo profesional de jueces y magistrados; y mejorar la transparencia de las estructuras legales actuales.
Coincidiendo con la aprobación del anteproyecto, hoy se ha celebrado en Barcelona la entrega de despachos a los 137 integrantes de la 73ª promoción de la Carrera Judicial. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, el perfil predominante entre los nuevos jueces es el de una mujer de 30 años, sin familiares juristas, que ha dedicado cinco años y dos meses a preparar la oposición.
El 67,15% de los opositores tienen una edad media de 30 años, y el 70% no cuenta con familiares cercanos relacionados con profesiones jurídicas. Solo el 5,84% tiene algún juez o magistrado en la familia, y un 34,3% proviene de familias donde ninguno de los padres posee estudios superiores. En cuanto a su procedencia geográfica, Andalucía lidera el aporte de nuevos jueces con 34, seguida por Madrid (12), Castilla y León (9), y Cataluña y Galicia (8 cada una).
En términos de elección de jurisdicciones, seis de cada diez han optado por la jurisdicción penal, seguida de la civil. Cataluña será el destino de la mayoría de los jueces recién incorporados, con 48 asignados a esta comunidad autónoma, representando el 35% del total.
El jueves, los nuevos jueces recibirán sus credenciales en un acto oficial que contará con la presencia del Rey, Isabel Perelló, presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, y Clara Carulla, directora en funciones de la Escuela Judicial.