(Expansión, 05-09-2024) | Fiscal
Pedro Sánchez dio inicio ayer al nuevo ciclo político y económico, que se perfila como uno de los más complejos e inciertos de los últimos tiempos. Lo hizo en el Instituto Cervantes, frente a alrededor de 150 representantes de diversos sectores, y respaldado por la mayoría de su Gobierno, excepto la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien en ese momento comparecía en el Senado para informar sobre el acuerdo fiscal alcanzado en Cataluña. Sonriente y aplaudido, Sánchez comenzó su discurso destacando la gestión de su Ejecutivo en los últimos años, criticando a los gobiernos del PP, a los que responsabilizó de la corrupción, de la fractura territorial, de los recortes en el Estado del Bienestar y de otros problemas que aquejan al país. Aun así, no dejó de recordar que lleva seis años al frente del Gobierno. "Hoy tenemos un Gobierno honesto que nació como respuesta a la corrupción hace seis años", afirmó.
El presidente, cuyo discurso estuvo lleno de reproches a la oposición, en particular al modelo de baja fiscalidad de Madrid, aseguró que "vamos a trabajar para aprobar unos Presupuestos Generales del Estado que lleven la marca de este Gobierno progresista", adelantando que estas Cuentas, cuya mayoría parlamentaria para su aprobación aún no está asegurada, profundizarán en una "fiscalidad más justa, con impuestos que graven más a quienes más tienen".
Sánchez también anunció que en el próximo Consejo de Ministros se volverá a aprobar el techo de gasto, un paso previo para la elaboración de los Presupuestos, el cual fue rechazado por Junts antes del verano. Además, advirtió que se limitarán los privilegios de "ciertas élites", señalando: "Vamos a imponer impuestos a quienes tienen en el banco lo suficiente para vivir cien vidas". Aunque dijo que esta medida no busca perjudicar a los más ricos, sino proteger a las clases medias y trabajadoras de un sistema que sigue siendo muy desigual, sus palabras sugieren una ofensiva fiscal clara contra los grandes patrimonios.
Aunque no ofreció detalles específicos, es un hecho que el Gobierno de coalición ha aumentado dos veces en tres años los impuestos sobre las rentas del capital. Actualmente, las ganancias de hasta 6.000 euros tributan al 19%; entre esa cantidad y los 50.000 euros, al 21%; hasta 200.000 euros al 23%; entre 200.000 y 300.000 euros al 27%, y por encima de 300.000 euros al 28%, muy por encima del promedio europeo, que se sitúa en 18,6%. No obstante, Sumar, su socio de coalición, aboga por elevar aún más la presión fiscal sobre las ganancias de capital, acercándola a la de las rentas del trabajo (IRPF), y así lo propuso al PSOE durante las negociaciones de los Presupuestos para 2025.
Defendiendo su política fiscal para financiar el creciente gasto social, Sánchez centró sus críticas en Madrid, acusando a la comunidad de utilizar parte de los fondos estatales para hacer "regalos fiscales" a los más ricos. "De cada 10 euros que el Gobierno ha transferido a Madrid, 3 se han destinado a favorecer a los más acaudalados", dijo. También reprochó a algunas comunidades autónomas gobernadas por el PP que se quejen de la falta de recursos públicos, subrayando que su Gobierno habrá transferido 935.000 millones de euros a las comunidades, un 32% más que lo que transfirió el Ejecutivo del PP en su momento.
Entre los principales ejes de la agenda política de Sánchez para este nuevo curso destaca la vivienda, tema que el presidente pretende que sea el núcleo de la próxima conferencia de presidentes autonómicos, que se celebrará en Cantabria. Anticipó nuevas medidas para "ampliar el parque público de vivienda, combatir la especulación, equilibrar la actividad turística con el bienestar de los residentes y garantizar que la vivienda sea un derecho para todos y no un negocio para unos pocos".
Sánchez, quien afirmó que su Gobierno está "para largo" con tres años de legislatura por delante, también defendió su reciente gira por África y la apuesta por acuerdos de migración circular para enfrentar la crisis migratoria, rechazando las "deportaciones masivas de otros" y defendiendo una política que respete el derecho internacional humanitario. Asimismo, anunció 3.100 millones en inversiones para continuar con la reindustrialización del país y confirmó que su Gobierno reducirá la jornada laboral a 37,5 horas semanales para que "los españoles trabajen para vivir, y no vivan para trabajar".