(El País, 13-09-2024) | Laboral

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha comparecido este jueves ante la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados para detallar el acuerdo de pensiones alcanzado entre el Gobierno, los empresarios y los sindicatos el pasado 31 de julio. Además, ha aprovechado la oportunidad para buscar apoyos que faciliten la aprobación de los textos legislativos que desarrollarán dichas medidas. Saiz ha subrayado que el acuerdo se basa en las recomendaciones de la propia Comisión del Pacto de Toledo, ante la cual ha comparecido.

Desde la oposición, el PP y Vox han exigido a la ministra un "cronograma legislativo" que precise cuándo su Ministerio trasladará al Parlamento los instrumentos legales necesarios, ya sea mediante Real Decreto-ley o Proyecto de Ley, para implementar el acuerdo. Aunque Saiz no ha dado un calendario específico, ha explicado que las medidas requerirán desde reglamentos hasta cambios legales y convenios con las comunidades autónomas, asegurando que todo esto se desarrollará "en los próximos días y semanas". Ambos partidos también han solicitado estudios sobre el impacto económico de las medidas, a lo que la ministra ha respondido que estos serán entregados cuando las iniciativas lleguen al Congreso.

Entre las medidas más complejas de aprobar se encuentran los cambios en las modalidades de jubilación, que requerirán modificaciones en la Ley de Seguridad Social, según las críticas expresadas por algunos portavoces de los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno.

Aunque la portavoz del PNV, Idoia Sagastizabal, ha mostrado su apoyo al acuerdo, calificándolo de "positivo en general", y ha respaldado los futuros convenios entre los sistemas de salud autonómicos y las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, otros socios del Gobierno han sido más críticos. El portavoz de EH-Bildu, Iñaki Ruiz de Pineo, ha pedido que antes de la tramitación de los textos se presenten informes que analicen el impacto en la salud de los trabajadores de las medidas para prolongar la edad de jubilación y el papel de las mutuas. También ha instado a que las jubilaciones anticipadas en profesiones penosas no se negocien por sectores, ya que muchos de ellos no tienen poder de negociación, y que se analicen caso por caso.

Por su parte, Jordi Salvador, portavoz de ERC, ha mostrado una postura mixta respecto a la reforma, destacando que algunas medidas le agradan, mientras que otras no. Ha exigido al Gobierno una negociación paralela con los grupos de izquierda durante el proceso parlamentario, advirtiendo que, sin esto, las medidas podrían no obtener los apoyos necesarios para ser aprobadas. Salvador ha señalado que, aunque el acuerdo con empresarios y sindicatos es positivo, esto no garantiza su aprobación en el Parlamento.

En cuanto a las nuevas fórmulas de colaboración con las mutuas, Salvador ha planteado dudas, además de considerar insuficiente el sistema propuesto de jubilaciones anticipadas sin recortes en las profesiones penosas. También ha rechazado la propuesta del Gobierno de reintroducir bonificaciones en las cotizaciones para las empresas que prevengan eficazmente los accidentes laborales.

Ante estas críticas, Saiz ha defendido que el objetivo no es trabajar más, sino hacerlo mejor, y ha aclarado que la colaboración con las mutuas no implica ninguna privatización de la sanidad, recordando que estas forman parte del sistema de Seguridad Social. Además, ha explicado que el año pasado las mutuas generaron un excedente de 1.200 millones de euros que se destinó al Fondo de Reserva de las pensiones. Saiz también ha insistido en que los médicos de los servicios públicos de salud seguirán siendo los responsables de conceder las altas y bajas laborales, y que los trabajadores tienen la opción de rechazar la atención de una mutua.

Por último, Josep María Cervera, portavoz de Junts, ha criticado que los médicos de los servicios públicos sean quienes otorguen las bajas y altas laborales, y ha defendido que deberían ser las mutuas quienes decidan estos procesos. A pesar de esta divergencia con ERC, Cervera ha preferido no anticipar la posición de su grupo hasta la próxima semana, cuando Saiz comparecerá ante el Pleno para seguir buscando los apoyos necesarios para la reforma.

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