(El País, 29-10-2024) | Fiscal
Estas medidas se han prorrogado hasta el miércoles, 30 de octubre, mientras el PSOE negocia su aprobación en el Congreso con los partidos de la mayoría de la investidura. Según fuentes cercanas a las conversaciones, algunas de las enmiendas propuestas incluyen imponer un tributo al vapeo basado en el contenido de nicotina, restablecer los límites a las deducciones de bases negativas anulados por el Tribunal Constitucional al estar en un decreto ley, y exigir a las empresas la devolución de las pérdidas fiscales internacionales anteriores a 2012, un intento ya realizado por el exministro Cristóbal Montoro. Esto también implicaría un aumento de los pagos fraccionados que las empresas adelantan a Hacienda por el impuesto de sociedades a partir de 2025. Asimismo, se estudia un incremento en los impuestos a los hidrocarburos, aunque el PNV ya rechazó en 2020 la idea de equiparar gradualmente la tributación del diésel a la de la gasolina, y Junts tampoco apoya esta medida sobre el gasóleo. Los votos de todos los socios parlamentarios, incluidos PNV y Junts, son imprescindibles para sacar adelante el paquete fiscal, lo que hace que la negociación sea especialmente delicada, en particular en lo referente a los impuestos sobre banca y energéticas.
El Libro Blanco de reforma fiscal de 2022 ya había recomendado gravar los cigarrillos electrónicos. Los expertos señalaban que, aunque estos productos pueden contener nicotina, solo tributan por IVA y no están sujetos al impuesto de labores de tabaco. En ese momento, catorce países europeos ya aplicaban impuestos sobre estos productos, y el Ministerio de Sanidad había propuesto un tributo de 0,15 euros por mililitro, en línea con la media de la UE, y de 0,006 euros por miligramo de nicotina. Esto situaría el tipo impositivo medio en un 35,6%, mientras que los cigarrillos tradicionales están sujetos a un 51% sobre el precio de venta y a un tipo específico de 24,1 euros por cada 1.000 cigarrillos.
En cuanto al impuesto sobre la banca, la propuesta es ajustarlo en función de los márgenes de rentabilidad sobre activos (ROA), estableciendo un umbral de rentabilidad por encima del cual se pagaría el impuesto completo, mientras que por debajo se aplicaría una reducción. Economía y Hacienda difieren en si este umbral debe fijarse por entidad o ser común para todo el sector. Además, Hacienda plantea que el pago del impuesto de sociedades pueda desgravarse tanto en el impuesto energético como en el bancario, para evitar la doble imposición. Sin embargo, algunas fuentes indican que estos dos impuestos podrían finalmente eliminarse de las enmiendas.
También se descarta por ahora aumentar la fiscalidad sobre los seguros de salud privados y aplicar un impuesto a los pisos turísticos, a la espera de una regulación a nivel europeo. Asimismo, se había considerado un impuesto sobre bebidas azucaradas que no se ha materializado. En este contexto, Sumar defiende un mínimo de tributación en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, similar al gravamen de solidaridad sobre grandes fortunas implementado en 2022 para contrarrestar bonificaciones autonómicas. En contraste, Junts sugiere rebajar el impuesto sobre sociedades y aumentar el mínimo exento de patrimonio a nivel nacional, casi eximiendo de su pago. Todo el proceso es muy incierto, ya que el Gobierno está negociando en múltiples frentes y enfrentando vetos cruzados.
Jean-Baptiste Colbert decía que el arte de recaudar impuestos consiste en obtener el máximo de ingresos con el mínimo de quejas. Esta habilidad se complica cuando se deben conciliar distintas sensibilidades políticas y territoriales para asegurar una mayoría en el Parlamento. El Gobierno enfrenta serias dificultades para aprobar un paquete de reforma fiscal que logre dos objetivos: primero, aumentar el margen para el gasto del próximo año y cumplir con el ajuste solicitado por Bruselas; y segundo, cumplir con el compromiso de reforma fiscal necesario para acceder al quinto desembolso de los fondos europeos, con un valor de 6.500 millones de euros, el cual el Ejecutivo ha anunciado que solicitará próximamente.
Este último objetivo implica avanzar en la reforma fiscal siguiendo las recomendaciones del Libro Blanco, que incluía un aumento de los tipos reducidos del IVA y una serie de impuestos verdes, entre ellos una subida en los hidrocarburos y peajes. Aunque la mayoría de estas recomendaciones no están en la agenda actual del Gobierno, sí lo están los vapeadores y los carburantes, con el objetivo de hacer pequeños ajustes que incrementen las bases de forma gradual.
El Gobierno presentó hace dos semanas un plan fiscal que incluía una reforma fiscal valorada en un 0,3% del PIB, aproximadamente 4.500 millones de euros. En el plan, se anunciaban futuras medidas para aumentar la progresividad del sistema, incrementar la tributación corporativa de los grandes grupos y profundizar en la fiscalidad medioambiental y disuasoria de ciertos consumos.
El plan también prevé hacer permanentes los impuestos extraordinarios sobre banca y energéticas, cuya recaudación alcanzó los 2.800 millones el año pasado. Esta decisión ha provocado reacciones de empresas como Repsol, que cuestiona sus futuras inversiones en España, con el consejero delegado, Josu Jon Imaz, describiendo el impuesto como "demagogia fiscal". Cepsa también está en una situación similar, y la amenaza sobre las inversiones en el País Vasco y Cataluña ha impulsado movimientos en los partidos. Petronor, propiedad de Repsol, está ubicada en Vizcaya, mientras que Repsol tiene una presencia importante en el polo químico de Tarragona.
Estas circunstancias han provocado que el PNV y Junts reaccionen. Los nacionalistas vascos han acordado con el Ejecutivo que el impuesto se convierta en tributo para que pueda concertarse y quedar en su jurisdicción, permitiéndoles gestionarlo de forma independiente. Además, el Gobierno ha señalado su compromiso de desgravar las inversiones verdes en línea con lo pactado con el PNV. Todo esto reduciría la capacidad recaudatoria, lo cual el Ejecutivo planea compensar aplicando el gravamen a todas las energéticas y no solo a las grandes, medida que también podría extenderse al sector bancario.