(El Economista, 07-11-2024) | Laboral
El secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, ha estimado que cerca de 420.000 personas podrían beneficiarse de los ERTE por causa de fuerza mayor y del cese de actividad debido a las recientes inundaciones causadas por la DANA. Las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros incluyen varias partidas de apoyo para empresas, autónomos y trabajadores, con bonificaciones en las cotizaciones sociales y ayudas para compensar la interrupción de la actividad.
En una rueda de prensa posterior a la reunión del comité de crisis sobre los efectos de la DANA, Suárez explicó que alrededor de 350.000 trabajadores que residen o laboran en municipios afectados podrían acogerse a un ERTE. Además, aproximadamente 70.000 autónomos estarían en condiciones de solicitar el cese de actividad. De estos afectados, un tercio se encuentra en la llamada "zona cero".
Sin embargo, Suárez ha señalado que aún no se dispone de una cifra exacta de trabajadores que se han acogido a un ERTE por fuerza mayor, ya que la Seguridad Social debe esperar a que la Consejería de Empleo de la Comunidad Valenciana informe a la Dirección General de Trabajo sobre las autorizaciones. Grandes empresas, como la planta de Ford en Almussafes, están preparando un ERTE por causa de fuerza mayor debido a los daños causados por la DANA.
Del mismo modo, los autónomos que soliciten el cese de actividad deben hacerlo a través de sus mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. Aunque todavía no hay datos oficiales, Suárez afirmó que desde el Ministerio ya han comenzado a recibir solicitudes. A pesar de la falta de cifras definitivas, el secretario de Estado se ha comprometido a realizar un seguimiento "diario" del número de ERTEs y de los trabajadores afectados.
Los ERTEs aprobados eximen a las empresas de pagar cotizaciones sociales y cubren parte del salario de los trabajadores. Por su parte, el cese de actividad para autónomos les ofrecerá una ayuda equivalente al 70% de la base reguladora y también les exime de las cotizaciones. Además, el tiempo sin actividad no afectará el acceso a futuras prestaciones como el desempleo, y será computado para la pensión contributiva de jubilación, que requiere al menos 15 años de cotización.
Entre las medidas también se incluye una incapacidad temporal extraordinaria para quienes hayan sufrido daños físicos o psicológicos debido a la DANA, la cual garantiza el 75% de la base reguladora desde el primer día, similar a lo establecido en casos de accidentes laborales. Asimismo, las pensiones por incapacidad permanente, viudedad y orfandad serán tratadas como si se tratara de accidentes de trabajo, lo que aumentará el monto y mejorará el cálculo en función de los ingresos del último año. Además, los hogares vulnerables verán un incremento temporal del 15% en el Ingreso Mínimo Vital (IMV) durante tres meses, con posibilidad de prórroga según se evalúe el avance de la situación.