(El Economista, 06-09-2024) | Laboral
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha informado este jueves en el Congreso que el Gobierno corregirá de manera "rápida" el error 'técnico' en la Ley Orgánica de Paridad, que desde el 22 de agosto permite el despido de quienes soliciten o disfruten de una adaptación de jornada -como el teletrabajo- para conciliar su vida laboral y familiar. "Estamos trabajando para solucionarlo la semana próxima", afirmó Redondo. La corrección se hará a través de una enmienda a una norma que está actualmente en proceso parlamentario, aunque no especificó cuál ni si se hará en el Congreso o en el Senado, por lo que aún no se sabe cuándo entrará en vigor.
Redondo hizo este anuncio durante su intervención en el Congreso para explicar este error, que también afecta a quienes se acojan al permiso de cinco días para cuidar a un familiar enfermo. Estos 'blindajes' fueron introducidos hace un año para establecer que el despido de personas en estas situaciones, o que lo hubieran solicitado, fuera declarado nulo.
Esto clarificaba la situación legal de esos despidos y, según el Ministerio de Trabajo, aseguraba el derecho a la conciliación. Aunque algunos expertos en derecho laboral advirtieron que podría haber un aumento de casos de abuso por parte de personas que solicitaran la adaptación para evitar el despido. Este debate quedó zanjado con la derogación de la disposición, que se incluyó como una enmienda en la Ley de Paridad.
El cambio fue promovido por Igualdad con el objetivo de corregir un error anterior que había eliminado la protección de las víctimas de agresión sexual, que se había introducido en la Ley del "Solo sí es sí" de 2022, pero fue retirada en la Ley Trans de 2023. No obstante, Igualdad presentó un texto que también eliminaba la protección para los trabajadores que solicitaban conciliar.
Esta modificación pasó todos los controles del Gobierno y de los grupos parlamentarios, ya que la enmienda fue firmada por el PSOE y Sumar, votada en el Congreso y el Senado, y no se detectó el error hasta que la ley fue publicada en el BOE el 2 de agosto. Fueron los abogados quienes alertaron del problema.
La derogación entró en vigor el 22 de agosto, generando incertidumbre entre trabajadores y empresas. Ana Redondo ha admitido recientemente que lo ocurrido fue "un error indeseable". Según sus declaraciones recogidas por Servimedia, no habrá "indefensión" para los trabajadores, ya que, además de la nueva norma en preparación, pueden acogerse al Estatuto de los Trabajadores, el "principio de indemnidad" y a "una jurisprudencia muy garantista".
El inconveniente de esta postura es que la realidad de la jurisprudencia es más compleja, y los jueces pueden interpretarla de manera diversa. La disposición original se había introducido precisamente para asegurar una "nulidad objetiva" sin lugar a dudas. Eso es lo que han perdido los trabajadores, al menos hasta que el Gobierno corrija definitivamente el error, idealmente sin generar nuevos problemas.