(El Economista, 17-03-2025) | Laboral
En un plazo máximo de dos semanas, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) deberá determinar si las reformas en el sistema de pensiones garantizan su sostenibilidad a largo plazo. Aunque no se ha confirmado la fecha exacta de publicación del análisis, el límite establecido es el 1 de abril. Como consecuencia, este mes el Gobierno podría volver a enfrentarse al debate sobre un posible aumento de las cotizaciones para hacer frente al envejecimiento de la población.
El análisis de la AIReF evaluará si la reforma impulsada inicialmente por el exministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha sido efectiva para mitigar el impacto del creciente número de jubilados en las cuentas públicas. En concreto, se examinará cómo han influido las medidas adoptadas desde 2020 para fortalecer los ingresos del sistema público de pensiones en el período comprendido entre 2022 y 2050.
El informe calculará la diferencia entre el incremento del gasto y el aumento de los ingresos generado por las sucesivas subidas de cotizaciones. Si el gasto en pensiones supera el 13,3% del PIB -como han estimado tanto el Banco de España como la propia AIReF-, el Gobierno deberá implementar ajustes para corregir este desajuste.
Hace un mes, el Ejecutivo aprobó en Consejo de Ministros un Real Decreto con el objetivo de precisar qué se considera ingreso del sistema de Seguridad Social a efectos de la evaluación de la AIReF. Según fuentes del Ministerio, esta normativa "no introduce nuevas fuentes de financiación", ya que las fuentes de ingresos ya están definidas en el artículo 109 de la Ley General de la Seguridad Social.
Desde el Ministerio también insisten en que "para garantizar que el informe refleje la situación real en el momento de su elaboración, se deben emplear los datos más recientes disponibles", asegurando que "no se modifica en ningún caso el criterio de evaluación".
No obstante, algunos expertos discrepan. Según especialistas en fiscalidad, el decreto obliga a la AIReF a considerar las transferencias del Estado como parte de los recursos del sistema, algo que, según Miguel Ángel García, investigador de Fedea y profesor de Economía Aplicada en la URJC, "no mejora realmente la sostenibilidad del sistema".
García explica que las transferencias estatales ascienden a 44.500 millones de euros adicionales, a los que se suma un préstamo de la Seguridad Social de 12.000 millones, lo que eleva el total a 56.500 millones de euros. Sin estas inyecciones de fondos, el déficit del sistema sería de 1,8 puntos del PIB, mientras que, con las transferencias, se reduce a entre 0,5 y 0,6 puntos. "El sistema de pensiones cerró 2024 con un déficit del 0,5% del PIB gracias a estas transferencias, lo que evita un ajuste inmediato pero enmascara la verdadera situación financiera del sistema", advierte el experto.
Por su parte, la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha insistido en varias ocasiones en que confía en la viabilidad del sistema sin necesidad de ajustes. En una reciente entrevista con la agencia EFE, aseguró que "todos los datos van en la dirección correcta" y destacó la mejora en la ratio de cotizantes por pensionista, que alcanzó los 2,44 gracias al incremento en el número de afiliados.
Pero, ¿qué ocurrirá si el informe de la AIReF determina que el gasto neto en pensiones entre 2022 y 2050 supera el 13,3% del PIB? En ese caso, el Gobierno estará obligado a proponer medidas para reducir el exceso de gasto, lo que podría implicar una subida de las cotizaciones sociales, un ajuste en las pensiones o una combinación de ambas.
Para ello, el Ejecutivo deberá iniciar negociaciones con los agentes sociales -patronal y sindicatos- con el fin de alcanzar un acuerdo. Una vez diseñada la propuesta, esta será remitida a la Comisión del Pacto de Toledo y posteriormente aprobada en forma de proyecto de ley para su debate en el Parlamento.
Si no se logra un consenso, se activará la cláusula de cierre: un aumento automático del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) para cubrir un 20% del desvío del gasto cada año hasta que se adopten nuevas medidas o el sistema logre corregir su desequilibrio de forma estructural. Esta medida entraría en vigor si el proyecto de ley no estuviera aprobado antes del 1 de enero del año siguiente.