(El País, 23-01-2025) | Laboral
El Gobierno no anticipó que la situación llegaría a este punto. Desde La Moncloa, se confiaba en que, como ha ocurrido en otras ocasiones desde que Pedro Sánchez asumió la presidencia, algún grupo parlamentario cedería a la presión de evitar ser señalado como el responsable de que 12 millones de pensionistas vean reducida su paga en febrero o que millones de usuarios enfrenten un incremento en el transporte público a partir de este viernes. Según fuentes gubernamentales, se mantuvieron negociaciones hasta última hora con Junts, aunque el partido independentista asegura que su rechazo estaba decidido desde el lunes y que no hubo más diálogo. Asimismo, el Ejecutivo confiaba en que el PP optaría por abstenerse ante la presión social. Sin embargo, tanto el PP como Junts han asumido el riesgo para asestar un golpe político al Gobierno, dejando a La Moncloa en una posición de debilidad evidente, sin mayoría para abordar asuntos clave. Ahora, el Ejecutivo buscará trasladar toda la presión hacia la oposición, especialmente contra el PP, que, al igual que el PSOE, cuenta con un amplio respaldo entre los pensionistas.
La alianza entre PP y Junts ha bloqueado la revalorización de las pensiones, situando al Gobierno en una posición comprometida. A partir de ahora, se abre una batalla discursiva en la que tanto el Ejecutivo como el PP intentarán responsabilizar al otro de las consecuencias. Fuentes gubernamentales confirman que Sánchez, quien siguió la crisis desde Davos, no planea convocar un Consejo de Ministros extraordinario ni aprobar un nuevo decreto de inmediato. Existe margen hasta mediados de febrero, ya que las pensiones de enero se abonarán con la subida prevista del 2,8% en general, 6% para las mínimas y 9% para las asistenciales, ya que no hay tiempo para revertir esos pagos. No obstante, el problema surgirá en febrero, cuando las prestaciones podrían regresar a los niveles de diciembre si no se aprueba una nueva normativa.
La derrota en el Congreso supone un fuerte desgaste para el Ejecutivo, que trató de evitar este desenlace hasta el último momento. Ahora, el Gobierno busca aprovechar la situación para recordar a los pensionistas que, bajo su gestión, las pensiones han subido conforme al IPC cada año, mientras que el PP, durante el mandato de Mariano Rajoy, impulsó un sistema de corrección que habría reducido significativamente el poder adquisitivo de las pensiones, aunque finalmente no se aplicó tras un acuerdo con el PNV. De hecho, episodios como el enfrentamiento de Alberto Núñez Feijóo con la periodista Silvia Intxaurrondo en la campaña de 2023 han servido para remarcar que el PP no siempre garantizó la actualización de las pensiones con el IPC.
Si no se logra convalidar un nuevo decreto, millones de prestaciones contributivas y no contributivas, incluidas las de funcionarios de clases pasivas, podrían volver en febrero a los niveles de diciembre, perdiendo la revalorización del IPC de 2024. Esto afectaría la subida general del 2,8%, el incremento del 6% para las pensiones mínimas y del 9% para las asistenciales y el IMV. El debate político ahora gira en torno a quién soportará más presión en las próximas semanas. El Gobierno considera que abrir esta discusión sobre las pensiones puede beneficiarle, ya que las cifras demuestran su compromiso con su revalorización, algo que el PP tuvo dificultades para defender durante la campaña electoral.
Sin embargo, el Ejecutivo también debe decidir hasta dónde llegar, ya que permitir que millones de personas reciban menos en febrero sería un golpe muy duro. El mensaje del Gobierno es claro: las acciones de la oposición tienen consecuencias reales para la ciudadanía, y el bloqueo parlamentario no solo afecta al Ejecutivo, sino a millones de personas. Por su parte, el PP ya ha presentado una iniciativa en el Congreso para aprobar la revalorización de inmediato, mientras que Junts plantea la aprobación de un nuevo decreto centrado exclusivamente en pensiones, transporte público y ayudas relacionadas con la DANA.
El discurso desde el Ejecutivo busca responsabilizar directamente al PP. Félix Bolaños, uno de los principales negociadores de Sánchez, declaró en el Congreso: "Cuando vea su pensión bajar en febrero, que el pensionista sepa que ha sido el PP en compañía de otros". A pesar de este enfrentamiento con los populares, las relaciones con Junts no están completamente rotas, y se reanudarán las negociaciones para intentar recuperar la revalorización de las pensiones. Sin embargo, Junts sigue insistiendo en que el PSOE no ha cumplido compromisos anteriores, como la transferencia de competencias de inmigración a la Generalitat. Mientras tanto, el Gobierno centra sus esfuerzos en trasladar toda la responsabilidad al PP y buscar apoyo ciudadano para presionar a la oposición.