(El Economista, 04-10-2024) | Mercantil, civil y administrativo
El Gobierno pondrá fin el 31 de diciembre a las bonificaciones estatales para el transporte público, que se implementaron en 2022 debido a la guerra en Ucrania. Fuentes del Ejecutivo han confirmado a elEconomista.es que no se prorrogarán estas ayudas de manera general para toda la población. No obstante, dos grupos específicos, los jóvenes y los jubilados, seguirán disfrutando de descuentos e incluso de la gratuidad en algunos casos para el uso del transporte público.
Moncloa garantizará este beneficio a través de los próximos Presupuestos del Estado o, en caso de que no se aprueben, mediante un real decreto ley. El 27 de diciembre pasado, el presidente Pedro Sánchez extendió estas ayudas, que incluyen descuentos de al menos el 50% en abonos y títulos multiviaje, abonos gratuitos de Renfe y rebajas del 50% en los servicios ferroviarios Avant para usuarios habituales. Sin embargo, el contexto actual es diferente.
El Ejecutivo considera que mantener la medida más allá de diciembre es insostenible económicamente, con un coste acumulado de 2.000 millones de euros desde 2022. Esto coincide con la necesidad de controlar el gasto público conforme a las directrices europeas, en un momento en que Bruselas lleva tiempo pidiendo a España que retire los estímulos aprobados para enfrentar la crisis de precios. La justificación para eliminar estas ayudas radica en la disminución de la inflación en los últimos meses, lo que ha llevado a la supresión de otras medidas anticrisis, como la reducción del IVA en alimentos. Según datos preliminares del INE, el IPC bajó al 1,5% en septiembre.
El Gobierno pretende reformular la norma para enfocarla en menores de 30 años y pensionistas, destinando una partida en los Presupuestos de 2025, los cuales ya está negociando con Sumar. Sin embargo, el equipo de Yolanda Díaz aboga por extender las ayudas en su totalidad, una postura que no comparten María Jesús Montero y Óscar Puente. De hecho, el ministro de Transportes ha manifestado públicamente su preferencia por poner fin a la gratuidad de los abonos, a los que culpa, en parte, del aumento del tráfico ferroviario y del colapso de algunas estaciones principales.
Si Sánchez no consigue los apoyos necesarios para aprobar los Presupuestos, tiene un plan alternativo: aprobar la medida mediante un real decreto ley, esperando contar con el respaldo de la mayoría parlamentaria. Este ajuste, según el Gobierno, responde a las recomendaciones de diversos organismos y entidades de análisis, que han aconsejado redirigir las ayudas hacia los colectivos más vulnerables en lugar de mantenerlas de forma universal.
Se espera que Puente anuncie pronto la prórroga parcial de los descuentos. Las comunidades autónomas han estado presionando al ministro para que aclare el futuro de estas ayudas, ya que el coste total de los descuentos se divide entre el Estado (30%) y las autonomías (20%). Las regiones necesitan conocer los detalles para ajustar sus presupuestos de acuerdo con las modificaciones previstas.
Una de las últimas regiones en solicitar una aclaración ha sido la Comunidad de Madrid. "Estamos en octubre y el ministro aún no ha comunicado a las comunidades, que son las responsables del transporte, qué va a hacer, si mantendrá o eliminará las ayudas", afirmó el consejero de Transportes, Miguel Ángel García, el miércoles. La Generalitat Valenciana también ha pedido explicaciones al ministro Puente sobre qué sucederá cuando expire la prórroga de estas ayudas. Vicente Martínez Mus, responsable de Transportes de la Generalitat, ha solicitado por carta al Estado que confirme si seguirá financiando el 30% del coste de los billetes.
Varias regiones tomarán una decisión sobre si mantener o no su parte de la bonificación más allá de 2024, una vez que el Gobierno central aclare sus intenciones. La extensión de la medida para jóvenes y jubilados tendrá un impacto presupuestario menor tanto para el Gobierno central como para los gobiernos autonómicos.