(El País, 14-10-2024) | Laboral

Las negociaciones para reducir la jornada laboral máxima a 37,5 horas a partir de 2025 están empezando a impacientar, especialmente a los sindicatos. "No hemos avanzado en nada", afirmó este jueves Maricruz Vicente, secretaria de Acción Sindical de CC OO, tras una nueva reunión entre el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales. Por su parte, Fernando Luján, vicesecretario general de política sindical de UGT, añadió que "es necesario hacer saber a la opinión pública que esta negociación no puede prolongarse indefinidamente". Sin embargo, Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Empleo, se mostró más optimista al declarar que "hay posibilidades de llegar a un acuerdo".

En una nueva reunión celebrada este viernes, coincidiendo con el primer aniversario del inicio de las negociaciones, el Ministerio presentó dos mensajes clave. En primer lugar, entregó a sindicatos y empresarios su propuesta escrita para el Plan 375, que ofrece apoyo a las pequeñas empresas con menos de 10 empleados para implementar la reducción de la jornada laboral. Este plan incluye bonificaciones en las cotizaciones para nuevos contratos fijos, así como para ampliaciones de jornada en contratos a tiempo parcial. El segundo mensaje es que, independientemente de si se aprueba la reducción de la jornada, el Gobierno endurecerá las normativas sobre el registro obligatorio de horas laborales.

Para que la reducción de la jornada laboral sea posible, es necesario modificar el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, lo que requiere un cambio normativo que debe aprobarse en el Congreso. Aunque Pérez Rey ha asegurado que el recorte de la jornada es un compromiso del Gobierno de coalición y que "sucederá con o sin acuerdo", la realidad es que se necesita mayoría parlamentaria para lograrlo. No obstante, para modificar el registro horario, que es obligatorio desde 2019, el Ejecutivo puede actuar de manera unilateral a través del Consejo de Ministros, algo que UGT ha solicitado y que el Ministerio ha aceptado.

En cuanto a los cambios propuestos, Pérez Rey explicó que el registro deberá ser electrónico, no modificable fácilmente e interoperable para la Inspección de Trabajo, y que tomará en cuenta las particularidades de sectores específicos. También reiteró la intención de aumentar las sanciones para las empresas que no cumplan con el control horario, aplicando multas por cada trabajador afectado. Aunque para modificar el sistema de sanciones sí será necesario un cambio legislativo que pase por el Parlamento, lo que no garantiza su aprobación.

Además, Pérez Rey confirmó que el Ministerio ha creado un grupo de trabajo con expertos para elaborar las modificaciones necesarias en el control horario. Esta noticia sorprendió a los sindicatos, quienes aseguraron desconocer la existencia de dicho grupo de trabajo.

Los sindicatos también criticaron la manera en la que el Ministerio presentó el Plan 375 este viernes, señalando que lo recibieron al final de la reunión y que aún no han tenido oportunidad de revisarlo. Por ello, no hicieron comentarios sobre su contenido. No obstante, este plan, junto con el asesoramiento a las empresas a través de los centros de orientación y emprendimiento financiados con fondos europeos, es la propuesta del Ministerio para atraer a los empresarios al acuerdo.

Los sindicatos indicaron que el proceso negociador está llegando a su fin, "a menos que la patronal cambie de postura y acepte que la reducción de la jornada debe ser por ley", según Maricruz Vicente. Aunque consideran razonable mantener una reunión más para discutir los detalles del Plan 375, no prevén muchas más sesiones. Los sindicatos continuarán con las movilizaciones iniciadas en septiembre para presionar por la reducción de la jornada.

Fernando Luján resumió el estado actual de las negociaciones diciendo: "Si las posiciones siguen iguales [en referencia a que la patronal prefiere que la reducción de la jornada se negocie en los convenios colectivos y no por ley], el Gobierno debe tomar decisiones, hacer el desarrollo reglamentario y llevar al Congreso la modificación del artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores para reducir la jornada laboral máxima a 37,5 horas". Si esto se aprueba o no dependerá de la capacidad negociadora de los actores en el Congreso.

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