(El Economista, 17-02-2025) | Laboral
El Gobierno está evaluando la posibilidad de advertir a las empresas que aún no cuentan con un canal de denuncias interno antes de proceder a imponer sanciones. Es importante recordar que las multas por incumplimiento de esta obligación pueden oscilar entre 600.001 euros y un millón de euros en el caso de las empresas, y entre 30.001 y 300.000 euros para los autónomos que tengan más de 50 trabajadores a su cargo.
Esta normativa entró en vigor el 13 de junio de 2023 para las empresas con 250 o más empleados, mientras que aquellas que cuentan con entre 50 y 249 trabajadores están obligadas a cumplirla desde el 1 de diciembre de 2023.
A pesar de que ha pasado más de un año desde que las compañías deben disponer de estos canales, el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes aún no ha aprobado la Orden Ministerial necesaria para que la nueva Autoridad Independiente de Protección del Informante, responsable de la aplicación de sanciones, pueda comenzar a multar. Aunque este organismo se creó a finales de 2024, todavía no ha comenzado a operar.
Según fuentes jurídicas cercanas a la comisión legislativa, el Ejecutivo está considerando emitir advertencias públicas como medida previa a la imposición de sanciones, con el objetivo de evitar una reacción alarmista por parte de las empresas ante el elevado importe de las multas. Sin embargo, señalan que, a partir de una fecha determinada por el legislador, se procederá a aplicar las sanciones.
La obligación de establecer estos canales de denuncia se estableció en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones y lucha contra la corrupción. Esta normativa no solo impone esta obligación a las empresas, sino también a organismos públicos, universidades, partidos políticos, sindicatos y fundaciones que reciban fondos públicos.
Además de las sanciones económicas, las entidades que incumplan la normativa podrían enfrentarse a otras consecuencias, como la pérdida de subvenciones y beneficios fiscales durante cuatro años o la prohibición de acceder a contratos públicos por un período de tres años. El canal de denuncias debe garantizar el anonimato de los empleados que informen sobre infracciones, malas prácticas laborales, abusos o corrupción dentro de sus organizaciones.