(Cinco Días, 18-11-2024) | Laboral
El Gobierno central está evaluando la posibilidad de llevar a cabo una reforma de gran calado en Muface, la mutualidad que provee asistencia sanitaria a 1,52 millones de funcionarios y sus familias, con el objetivo de solucionar la crisis que atraviesa este sistema con casi 50 años de existencia, según han informado a EL PAÍS fuentes del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública.
Uno de los cambios más significativos que se plantean afectaría a un elemento fundamental del modelo actual: la posibilidad de que los beneficiarios elijan anualmente entre recibir atención en la sanidad pública o en la privada. Actualmente, esta decisión puede revertirse en años posteriores, permitiendo a los usuarios cambiar entre ambas opciones.
Según estas fuentes, el plan en estudio implicaría que los empleados públicos cubiertos por el sistema mutualista realicen una elección única y permanente entre el régimen general de sanidad pública o el régimen especial de Muface, que incluye atención en la sanidad privada. Este enfoque busca garantizar una mejor planificación y sostenibilidad del modelo.
La decisión de avanzar hacia esta reforma se ha visto acelerada por el rechazo de las principales aseguradoras médicas privadas (Adeslas, Asisa y DKV), que prestan servicio a 1,06 millones de usuarios, a participar en el nuevo convenio para 2025 y 2026. Este hecho ha llevado a los responsables del sistema a concluir que es necesario actualizar un modelo que no tiene equivalentes en otros países europeos.
Desde el Ministerio de Función Pública destacan dos puntos esenciales. Primero, aseguran que los mutualistas pueden estar tranquilos, ya que el actual convenio sigue vigente hasta el 31 de enero, y la normativa permite mecanismos para garantizar la continuidad de la asistencia sanitaria en las mismas condiciones hasta que se firme un nuevo acuerdo. Segundo, insisten en que la falta de acuerdo en la licitación, incluso tras el mayor aumento de primas de la historia (17,12%), demuestra la necesidad de reformular el sistema para eliminar incertidumbres, asegurar su viabilidad y planificar adecuadamente su financiación.
Esta reformulación también busca solucionar un problema recurrente: la elección anual entre sanidad pública y privada complica la previsión de ingresos. Con una elección definitiva por parte de los beneficiarios, será más sencillo conocer cuántos optan por el régimen especial y, en consecuencia, tomar decisiones más precisas sobre la financiación.
La reforma toma en cuenta, además, la diversidad dentro del colectivo cubierto por Muface, que incluye funcionarios de la Administración General del Estado, profesores y policías, pero excluye a otros colectivos como investigadores científicos, técnicos de tráfico y personal de universidades. Asimismo, se subraya que la incorporación anual de nuevos mutualistas es relativamente baja: en 2023 fueron 62.500 personas, apenas un 4,1% del total.
Además de la planificación de ingresos, el Ministerio está poniendo atención en los gastos. Esperan un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre la gestión de Muface, previsto para finales de año, que analizará aspectos como la eficiencia. Algunas medidas en consideración incluyen la ampliación del uso de recetas electrónicas, la centralización de la compra de medicamentos y un control más estricto sobre el consumo excesivo de ciertos fármacos, como psicotrópicos.
El gasto en recetas en 2023 ascendió a 340,8 millones de euros, un aumento del 5,32% respecto al año anterior. Este incremento supera al registrado en la sanidad pública, según datos del Ministerio de Hacienda, y refleja la necesidad de optimizar recursos.
La segunda licitación del convenio también incluirá medidas para mejorar la transparencia. Las aseguradoras han solicitado un aumento de hasta el 40% en las primas, argumentando que el sistema está infrafinanciado. Sin embargo, los datos muestran que factores como el envejecimiento de los mutualistas y la tendencia de los nuevos funcionarios jóvenes hacia la sanidad privada, que genera menos costes, son los principales responsables de la crisis actual.
Por último, poner fin a la elección anual entre sanidad pública y privada busca solucionar una de las críticas al modelo. Diversos estudios indican que las aseguradoras privadas tienden a derivar a la sanidad pública a los pacientes con problemas de salud más graves y costosos, mientras que se quedan con aquellos más saludables, generando desigualdades en el sistema.