(El País, 17-09-2024) | Laboral
Fuentes cercanas al diálogo social señalan que el acto está previsto para el miércoles. Sin embargo, aunque se firme el acuerdo y haya una foto entre el Gobierno, los líderes sindicales y los representantes empresariales, no hay garantía de que gran parte de la norma sea aprobada en el Congreso. Los diputados de ERC, Bildu y BNG, que ya habían manifestado la semana pasada su descontento con el texto, confirman que votarán en contra si no se realizan modificaciones sustanciales. A este rechazo de los socios habituales se suma el voto negativo del PP, lo que podría llevar a que parte de la reforma fracase si no se revisan las posturas.
"Esta semana les anuncio que firmaremos un acuerdo clave con los empresarios y los sindicatos, que facilitará el acceso a una pensión digna para miles de ciudadanos y ciudadanas", declaró Pedro Sánchez ante su grupo parlamentario. Antes de este anuncio, la ministra de Seguridad Social destacó en una rueda de prensa el "tono constructivo" de los partidos políticos en la comisión del Pacto de Toledo la semana pasada. "El acuerdo, respaldado por los sindicatos y los empresarios, tiene muchas probabilidades de éxito y contribuirá a la sostenibilidad del sistema, además de promover la igualdad social", comentó Elma Saiz.
Algunas partes del acuerdo, suscrito a finales de julio, no requieren el apoyo del Parlamento para su implementación, ya que corresponden a desarrollos reglamentarios, como los nuevos coeficientes reductores para trabajos penosos. Tampoco es necesario el voto del Congreso para implementar el nuevo rol de las mutuas en el tratamiento de dolencias traumatológicas, diseñado para reducir las listas de espera, siempre y cuando el paciente dé su consentimiento.
Este cambio dependerá de la implementación de acuerdos autonómicos, por lo que tampoco podría ser vetado por el Parlamento. Sin embargo, la creación de la comisión tripartita para supervisar el nuevo papel de las mutuas, así como los cambios en la jubilación activa y parcial, sí requieren modificaciones legislativas que dependen de la aprobación por parte de la mayoría del Congreso.
"El debate sobre las políticas laborales está supeditado al diálogo social, con la condición de que no se puede modificar nada. Vemos esto como un intento de restar al poder legislativo su capacidad de discutir y proponer enmiendas. ¿Acaso no podemos opinar sobre el modelo laboral y de pensiones?", se queja Jordi Salvador, diputado de ERC. Que la norma llegue sin haber sido debatida previamente con los partidos también ha molestado a los parlamentarios de Bildu. "Nos hemos enterado de este acuerdo por la prensa. Si creen que nos presionarán para votar a favor, están equivocados", advierte Iñaki Ruiz de Pinedo, diputado de Bildu. En una línea similar, Néstor Rego (BNG) critica que "se le dé carácter sagrado a lo acordado en el diálogo social, trasladando la capacidad legislativa fuera del Congreso".
Tanto el diputado vasco como el gallego también cuestionan la composición del diálogo social. "Se negocia con los sindicatos estatales, dejando fuera a otros sindicatos igualmente representativos, como CIG (en Galicia), ELA y LAB (en Euskadi)", denuncia Rego. "La mayoría sindical en Euskal Herria está en contra de este acuerdo", añade Ruiz de Pinedo.
Más allá de cómo el Gobierno ha informado o negociado, estos partidos rechazan la mayor parte de la reforma, tanto la que depende del voto del Congreso como la que saldrá adelante si lo decide el Ejecutivo. "Lo más preocupante es el tema de las mutuas. Es necesaria una revisión integral del sistema, que arrastramos desde antes de la Constitución. Sabemos bien cómo funcionan las mutuas", comenta Salvador. Rego comparte esta preocupación: "Es gravísimo que se trasladen las pruebas diagnósticas de traumatismos a las mutuas. Esto supone financiar a la sanidad privada en detrimento de la pública. La ministra dice que servirá para que los trabajadores se recuperen más rápido y mejor. Más rápido, seguro; mejor, lo dudo. Es probable que sea lo contrario".
Los tres partidos nacionalistas de izquierdas también rechazan los cambios en la jubilación parcial y activa. "Se sigue incentivando la jubilación retrasada, lo cual es contradictorio con la idea de trabajar menos para vivir mejor", critica Rego. Por su parte, el PNV ha manifestado su apoyo al acuerdo, mientras que Junts no ha aclarado su posición.
Los sindicatos mayoritarios en España, CC OO y UGT, han alcanzado este acuerdo de pensiones con el Gobierno y las patronales CEOE y Cepyme. La reforma introduce modificaciones en la jubilación parcial y activa, establece nuevos procedimientos para calcular los coeficientes que permiten adelantar la jubilación sin penalizaciones en trabajos peligrosos o duros, y propone un nuevo esquema de colaboración entre la Seguridad Social y las mutuas, derivado del último pacto firmado por los agentes sociales.