(El Economista, 02-01-2025) | Fiscal
El Gobierno aprobó mediante un Decreto-ley la reactivación del gravamen temporal a las empresas energéticas durante el último Consejo de Ministros, a pesar de no contar con el respaldo asegurado de Junts y PNV para su convalidación en el Congreso. Ante la posibilidad de que este impuesto sea derogado antes de finales de enero, Hacienda ha optado por retrasar el primer pago de la tasa de febrero a junio, ganando tiempo para negociar un futuro proyecto de ley.
Esta decisión implica una modificación importante en el funcionamiento del gravamen, que desde su creación en 2022 exigía a las empresas energéticas realizar un pago anticipado del 50% de la liquidación en febrero, además de abonar el resto en septiembre. Con el cambio, el Ejecutivo evita la inseguridad jurídica que supondría exigir el pago en febrero de un impuesto que podría ser eliminado, lo que expondría al Estado a posibles impugnaciones y a la obligación de devolver lo recaudado con intereses.
El retraso del pago otorga a Hacienda cinco meses adicionales para clarificar si el gravamen se mantendrá o no, dependiendo de la convalidación del Decreto-ley en el Congreso y de las condiciones que se fijen en su eventual transformación en proyecto de ley. Según el texto publicado en el BOE, las empresas deberán realizar el pago anticipado en los primeros 20 días de junio de 2025, siempre que la norma sea respaldada por los diputados.
El Ejecutivo tiene un plazo de 30 días desde la publicación del Decreto-ley en el BOE, el 24 de diciembre, para lograr el apoyo necesario y evitar que el gravamen sea anulado. Superado este trámite, el Gobierno podría tramitar la norma como proyecto de ley, con tiempos más flexibles para definir su configuración final, incluyendo bonificaciones o exenciones. Además, este cambio permitiría concertar el impuesto con las haciendas forales, un aspecto clave para obtener el apoyo del PNV y evitar cuestionamientos de inconstitucionalidad.
Sin embargo, la aprobación del Decreto-ley dependerá en gran medida de los acuerdos que el PSOE alcance con Junts y PNV, quienes han planteado reservas sobre el gravamen. Junts teme que pueda perjudicar las inversiones en Cataluña, mientras que el PNV se muestra reticente a respaldar un impuesto temporal que no beneficie directamente a las haciendas forales. En caso de que el gravamen sea anulado, Hacienda evitaría los problemas derivados de haber recaudado un impuesto posteriormente declarado nulo.
A pesar de que enero no suele ser un mes activo en la actividad parlamentaria, el Congreso tendrá que reunirse de forma extraordinaria para pronunciarse sobre el Decreto-ley dentro del plazo constitucional de 30 días. Esto obliga al Gobierno a intensificar las negociaciones con los grupos parlamentarios durante el mes de enero, un periodo en el que las conversaciones han estado ralentizadas por el parón navideño.
La relación entre Hacienda y los nacionalistas vascos y catalanes ha sido tensa, a pesar de haber colaborado previamente en la negociación de los Presupuestos Generales. Por su parte, el Ministerio ha buscado alianzas con otros grupos, como Bildu, ERC y BNG, logrando un compromiso para tramitar el gravamen como proyecto de ley e introducir bonificaciones solicitadas por otras formaciones.
Mientras tanto, el PP mantiene su postura de rechazo a cualquier subida de impuestos y ha aprovechado la coyuntura para impulsar medidas que buscan la derogación del gravamen temporal. Este escenario ha complicado aún más el panorama para el Ejecutivo, que trabaja contrarreloj para consolidar los apoyos necesarios y dar forma definitiva a un impuesto que sigue generando divisiones políticas y económicas.