(Expansión, 22-04-2025) | Laboral
Las empresas que formalicen contratos temporales de menos de 30 días con sus empleados tendrán que abonar este año un 4,4% más en concepto de cotización adicional, una penalización pensada para desincentivar este tipo de contratación breve. Este recargo asciende en 2025 a 32,60 euros, frente a los 31,22 euros que se exigían el año anterior.
El Ejecutivo comunicó recientemente esta subida, la cual se debe al aumento de las bases mínimas de cotización para este ejercicio, adaptadas al nuevo Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que ha quedado fijado en 1.184 euros mensuales repartidos en 14 pagas. Como ha ocurrido con el incremento del SMI, esta penalización se aplica con carácter retroactivo desde el 1 de enero. Esto implica que las empresas que hayan dado por finalizados contratos de menos de 30 días en los primeros meses de 2025 deberán regularizar estos pagos con la Seguridad Social en la próxima liquidación.
Esta medida se implantó en la reforma laboral de 2021 con el propósito de reducir la excesiva temporalidad, muy presente en sectores como la hostelería o el comercio, que recurren a este tipo de contratos para afrontar picos de actividad. Así, además de la cotización correspondiente al salario, las empresas están obligadas a abonar este recargo adicional.
Aunque el impacto económico de esta medida en las compañías es limitado, se suma a otras cargas laborales que han aumentado este año, como la subida del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) o el incremento de las cotizaciones en los salarios más altos.
Este nuevo ajuste, que supone un incremento de 1,38 euros respecto al año anterior, afectará aproximadamente a un tercio de los contratos firmados en el país. Sólo en marzo, el 32,6% de los contratos registrados -más de 380.000- tenían una duración inferior a 30 días, según datos del SEPE recogidos por Europa Press.
Dentro de ese grupo, la mayoría -unos 258.164 contratos- no superaban la semana de duración. Otros 66.385 se firmaron para un periodo de entre 16 días y un mes, y 55.732 tenían una duración de entre ocho y quince días.
A pesar de que esta medida pretende reducir la contratación temporal, los datos muestran que no está teniendo el impacto esperado por la ministra Yolanda Díaz. En marzo, la temporalidad creció un 6,3% respecto al mismo mes del año anterior, con más de 658.000 contratos temporales, lo que equivale al 56,4% de todos los acuerdos laborales firmados en ese mes.