(El Confidencial, 09-10-2024) | Laboral

El Gobierno y las aseguradoras atraviesan uno de sus momentos más críticos en cuanto a la renovación del concierto de Muface, el sistema de sanidad privada al que acceden los funcionarios, quienes en su mayoría prefieren no usar la sanidad pública. Este modelo, que beneficia a 1,5 millones de personas, está en riesgo. El Ejecutivo comunicó al sector que este martes llevaría al Consejo de Ministros el nuevo pliego, en el que se ha aprobado la licitación del concierto para el periodo 2025-2026, con un aumento del 17,12% en la prima, según informó el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública.

Aunque técnicamente es un contrato público al que pueden postularse cualquier aseguradora que cumpla ciertos requisitos para ofrecer sanidad privada, siempre se negocia entre las partes para evitar que quede desierto y asegurar que las entidades adjudicatarias tengan capacidad para cumplir con los compromisos. Las aseguradoras creen que deben participar al menos tres entidades, como ocurre ahora: SegurCaixa Adeslas, Asisa y DKV. Hace 10 días, el ministro Óscar López propuso una subida del 14%, lo que llevó a las aseguradoras a abandonar la mesa de negociación, ya que previamente se había hablado de un aumento del 24%, cifra que las entidades consideraban un punto de partida para negociar. La nueva oferta del Gobierno sigue siendo insuficiente para el sector.

Las aseguradoras argumentan que desde la pandemia ha aumentado tanto la inflación de costos como la siniestralidad, lo que ha generado un déficit anual de 200 millones de euros en el último concierto. DKV ha cuantificado esta necesidad de subida en un 40%. Un estudio encargado por Adeslas, realizado por economistas de las universidades de Málaga y Granada, concluye que se requiere un aumento del 27% sobre los valores de 2023 para cubrir costos en 2025, y otro incremento adicional del 9% en 2026. El nuevo concierto será de dos años.

El anterior, que fue de tres años y tuvo un desembolso de 3.571 millones de euros, ya incluyó un incremento del 5,57% respecto al anterior, pero las aseguradoras siguen denunciando pérdidas. Adeslas, por ejemplo, ha acumulado un déficit de 118 millones de euros entre 2022 y mayo de 2024. Los costos de la compañía han subido más del 4% en el último año, siendo la más demandada por los funcionarios. El 72% de los funcionarios elige Muface, siendo Adeslas la opción más popular con el 34%, seguida por Asisa con el 25% y DKV con el 13%.

El envejecimiento de la población es uno de los factores que contribuyen a este problema, ya que quienes se incorporan al sistema suelen ser personas de mayor edad o interinos que pasan a ser funcionarios en una etapa avanzada de su vida. Los economistas advierten de que los aumentos en los ingresos también generan un aumento en los costos debido a la presión ejercida por los proveedores y el personal. Adeslas podría enfrentar un gasto de 882 millones de euros en 2025, apenas un 1,86% más que en 2024, pero el problema sigue siendo el déficit acumulado.

Los principales gastos provienen de los salarios de médicos y personal sanitario, de las hospitalizaciones y de las pruebas diagnósticas. Sin este modelo, 1,5 millones de funcionarios tendrían que ser absorbidos por la Seguridad Social, lo que generaría una sobrecarga en el sistema público y recortes en las aseguradoras. Las aseguradoras señalan que el Ministerio había prometido nuevas conversaciones, por lo que sorprende que se hayan propuesto nuevas condiciones sin más reuniones previas. También advierten que podrían no participar en el nuevo pliego, lo que pondría en peligro el sistema de Muface.

El sector preferiría que se prorrogara el actual sistema por dos años más, para evaluar su futuro y evitar que se repitan los problemas en futuros conciertos. Además, recuerdan que el costo sanitario per cápita de un usuario de Muface es de 1.013 euros, frente a los 1.736 euros que cuesta en la sanidad pública. Según el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), este modelo ahorra 1.000 millones de euros anuales al sistema público.

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