(Expansión, 23-10-2024) | Fiscal
El Gobierno está considerando una reforma completa del conocido como impuestazo energético para que, en lugar de aplicarse solo a los principales grupos empresariales (Repsol, Cepsa, Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP, Acciona y Disa), abarque a todo el sector o a un grupo más amplio de compañías. Asimismo, para hacerlo permanente, está evaluando que el gravamen se base en un porcentaje sobre los beneficios operativos, en vez de sobre las ventas, como ha sido el caso con las grandes energéticas hasta ahora.
Paralelamente, estudia mecanismos que permitan a las empresas deducir parte de esa carga fiscal, pero siempre a cambio de reinvertir ganancias en proyectos de transición ecológica y sostenibilidad, y con un límite de hasta el 30% de la base imponible. Esta información proviene de diversas fuentes involucradas en las negociaciones políticas y empresariales que se están llevando a cabo en España, marcadas por complejos intereses económicos. Este impuesto fue propuesto hace dos años por el actual Gobierno del PSOE, afectando principalmente a grandes energéticas y bancos.
El Gobierno justificó la creación de este impuesto como una forma de redistribuir parte de las ganancias extraordinarias obtenidas por las grandes empresas debido al incremento de los precios energéticos y de los tipos de interés. En el caso de las energéticas, el gravamen se aplicaba a grupos con más de mil millones de euros en facturación, con una tasa del 1,2% sobre las ventas, sin tener en cuenta los beneficios, y se liquidaba en 2023 y 2024 sobre los resultados de 2022 y 2023, respectivamente.
En 2023, las compañías más afectadas (Repsol, Cepsa, Iberdrola, Endesa o Naturgy) pagaron un total de 1.355 millones de euros, mientras que en 2024 abonaron 1.055 millones. Repsol es la que más contribuye, cubriendo un tercio de ese total, por lo que también es la que más se ha quejado. Sin embargo, se presentan situaciones paradójicas, como la de Cepsa, que a pesar de registrar pérdidas, también debe pagar el impuesto. Este gravamen fue inicialmente planteado como temporal, y si no se toman medidas, caducaría el 31 de diciembre de este año, lo cual era el deseo de una parte del Gobierno.
La primera en anticipar esta situación fue Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica, quien ha mostrado especial sensibilidad hacia las empresas energéticas. No obstante, para equilibrar las cuentas públicas, el Gobierno ahora busca hacerlo permanente, ya que necesita ingresos para Hacienda. Actualmente, están estudiando cómo evitar que las demandas judiciales, que ya han comenzado, se conviertan en una avalancha de litigios por parte de las empresas. O peor aún: que el impuesto se enfrente a un bloqueo por parte de partidos como PNV y Junts, aliados del Gobierno, pero que también protegen a las empresas de sus regiones. Iberdrola tiene su sede en el País Vasco, y Repsol cuenta con refinerías en esa comunidad y en Cataluña, donde tiene inversiones millonarias paralizadas desde hace meses como medida de protesta. Además de las tensiones políticas, existe un conflicto abierto entre las energéticas.
Las grandes empresas del sector no comprenden por qué son ellas las únicas afectadas por esta tasa, considerándola discriminatoria, lo que refuerza su argumentación legal. También existen rivalidades entre estas compañías. Las eléctricas sostienen que la tasa limita su capacidad de inversión, argumentando que son fundamentales en la transición ecológica, en contraste con grupos como Repsol, que, a pesar de sus esfuerzos por presentarse como una empresa "verde", sigue produciendo hidrocarburos contaminantes.
De hecho, Iberdrola mantiene un litigio contra Repsol por greenwashing (ecopostureo). Extender la tasa sobre las ventas en el tiempo también daría nuevas herramientas legales a las empresas, ya que el Gobierno habría transformado una tasa en un impuesto, lo que podría violar la normativa europea.