(Expansión, 20-02-2025) | Laboral
El grupo parlamentario socialista presentó ayer en el Congreso un conjunto de 37 enmiendas al Proyecto de Ley de Función Pública. Entre las propuestas, se contempla la posibilidad de que los funcionarios prolonguen su actividad laboral hasta los 72 años si así lo desean, además de establecer normativas sobre la jubilación parcial. Esta medida busca, en parte, reducir la carga financiera de las pensiones en un contexto donde el equilibrio del sistema de la Seguridad Social está en el punto de mira y requiere cada vez más recursos por parte del Gobierno. Asimismo, la extensión de la edad laboral es especialmente relevante en sectores con escasez de profesionales, como la sanidad.
En particular, las enmiendas impulsadas por el PSOE incluyen disposiciones "esperadas por los empleados públicos y pactadas con sus representantes", tales como "mejoras en los permisos relacionados con la conciliación de la vida personal, familiar y laboral" y acciones dirigidas a "fomentar la inclusión de personas con discapacidad", según detalla el grupo socialista en un comunicado. Por su parte, el portavoz socialista de Función Pública, José Luis Aceves, subrayó que su formación está abierta a colaborar con otros grupos parlamentarios que deseen contribuir a fortalecer los servicios públicos y mejorar las condiciones laborales de los empleados del sector.
Entre las medidas presentadas destaca la reintroducción de la jubilación parcial en la función pública, un derecho que fue eliminado en 2012 durante el Gobierno de Mariano Rajoy. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, había asumido el compromiso de recuperar esta posibilidad en sus negociaciones con los sindicatos CCOO y UGT. De aprobarse conforme a la propuesta socialista, la regulación de la jubilación parcial incluiría la figura del relevista, quien cubriría las horas dejadas por el funcionario en proceso de retiro, con la novedad de que este sustituto deberá ser también funcionario de carrera.
Además, se plantea ampliar la edad máxima de jubilación forzosa de 70 a 72 años, permitiendo así que aquellos funcionarios que lo deseen puedan continuar en activo por dos años adicionales tras alcanzar la edad ordinaria de retiro. Según fuentes socialistas, esta reforma pretende equiparar al sector público con el privado en cuanto a la transición entre la vida laboral y la jubilación, asegurando además la transferencia de conocimientos entre generaciones.
Otro aspecto relevante de las modificaciones propuestas se enfoca en la conciliación laboral y familiar. En este sentido, se ha presentado una enmienda para que el permiso parental por el cuidado de hijos o menores acogidos sea retribuido durante un período de hasta dos semanas. Asimismo, se han incorporado medidas destinadas a garantizar la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad en los procesos selectivos, asegurando que puedan competir en igualdad de condiciones con el resto de los aspirantes.