(El País, 07-11-2024) | Laboral
Por primera vez en medio siglo, ninguna aseguradora quiere ofrecer este servicio, al considerar insostenibles las condiciones económicas propuestas. Cerca de 1,5 millones de empleados públicos (incluyendo profesores, policías, inspectores fiscales y laborales, así como funcionarios de prisiones, tanto activos como jubilados) no saben aún a qué médicos podrán acudir dentro de dos meses. El Gobierno está tratando de salvar la situación: primero, planea una nueva licitación exprés con una mejora económica, para atraer a las aseguradoras privadas. Sin embargo, también cuenta con otra estrategia para ejercer presión en caso de ser necesario.
La nueva licitación es un movimiento sin precedentes y se lanzará en un plazo muy ajustado para su publicación y para que las compañías interesadas se presenten. La primera propuesta incluía un aumento del 17% en los pagos a las aseguradoras, pero el sector lo considera insuficiente, ya que habían solicitado un 40% para compensar las pérdidas de los últimos tres años, que estiman en 600 millones de euros. Estas pérdidas se deben en gran parte al alza de la inflación en 2022 y al incremento en las consultas y tratamientos médicos. Algunas compañías esperan que al menos se retome la propuesta de incremento del 25% que estuvo en discusión hace tres meses en Muface.
Si esta mejora en la licitación no funciona, el Ministerio de Función Pública podría recurrir a otras medidas. La ley de Contratos del Sector Público permite al órgano de contratación prorrogar el contrato de manera obligatoria para las aseguradoras, siempre que las condiciones del contrato no cambien.
Según fuentes del sector, esta prórroga forzada daría al Gobierno la posibilidad de exigir a las tres aseguradoras que participaron en el convenio 2021-2024 que continúen prestando los servicios sanitarios durante un máximo de nueve meses, sin compensación adicional. "Sería un impacto devastador para nuestras finanzas, inasumible", afirman desde las aseguradoras.
Para las aseguradoras que forman parte de Muface, una prórroga forzosa equivale a "negociar con una amenaza sobre la mesa". Además, recuerdan que si las condiciones ofrecidas fueran tan favorables, ya habría otras empresas interesadas. Las condiciones desfavorables de este tipo de convenios han llevado a la retirada de compañías como Mapfre, Sanitas o Caser en los últimos años.
Más allá de la prórroga forzosa, Adeslas, Asisa y DKV están obligadas a seguir ofreciendo servicios sanitarios a sus afiliados de Muface durante un mes para afecciones leves, y hasta tres meses en caso de enfermedades que requieran seguimiento, incluso si no participan en el futuro convenio (2025-2026).
Desde el ministerio de Óscar López minimizan la preocupación por la falta de ofertas en la nueva licitación de Muface, mostrando confianza en que una mejora económica adicional convencerá a las aseguradoras de participar. De hecho, han transmitido tranquilidad a los sindicatos, asegurando que no deben alarmarse.
El pliego de condiciones publicado el 2 de octubre ya incluía un aumento del 17% en las primas que el Estado paga a las aseguradoras para ofrecer servicios de salud a 1,49 millones de funcionarios y sus familiares directos. La cuantía total de la licitación anunciada ascendía a 1.337 millones de euros para 2025 y 1.344 millones para 2026, lo que supone un incremento de 304 millones respecto al último año del convenio anterior. A pesar de estas cifras, las aseguradoras estiman que el nuevo convenio podría generarles unas pérdidas de unos 550 millones de euros.