(Expansión, 19-12-2024) | Fiscal
El impuesto a las empresas energéticas parece haber quedado definitivamente desahuciado tras el nuevo fracaso del Gobierno para alcanzar un consenso entre sus aliados parlamentarios en ambos extremos del Hemiciclo. La convocatoria del Ministerio de Hacienda para una nueva reunión destinada a redefinir el gravamen, buscando satisfacer tanto a partidarios como a detractores, se vio marcada por la ausencia de Junts y PNV. Ante esta situación, Unidas Podemos también decidió no participar en un encuentro que, sin el quórum necesario, difícilmente garantizaría la continuidad del tributo.
La comisión encargada de rediseñar el impuesto sobre petroleras, gasistas y eléctricas, que recaudó unos 1.200 millones de euros el año pasado, había sido una exigencia de Unidas Podemos para respaldar la reforma fiscal del Ejecutivo. Sin embargo, la primera reunión de dicha comisión, celebrada la semana pasada, ya contó con la ausencia de Junts y PNV. En esa ocasión, Podemos expresó que la reunión carecía de sentido. "Es imprescindible que Junts y PNV, como representantes de las energéticas en el Congreso, participen para avanzar en la negociación", declaró la formación morada a través de Efe, consciente de que sin sus votos cualquier acuerdo quedaría en el aire.
A pesar de esto, otros socios de izquierda del Gobierno sí asistieron al encuentro, alcanzando un acuerdo simbólico. ERC, EH Bildu y BNG anunciaron en un comunicado conjunto que habían pactado con el Ejecutivo la aprobación, antes de fin de año, de un Real Decreto que prolongará el gravamen a las energéticas. Este se someterá luego a convalidación en el Congreso, donde será tramitado como Proyecto de Ley para transformarlo en un impuesto.
El Gobierno ha confirmado su compromiso con estas fuerzas, así como con Podemos, de aprobar la prórroga del gravamen en el último Consejo de Ministros del año, previsto para el lunes. No obstante, la vía del Real Decreto-ley requiere ser convalidada posteriormente por el Parlamento, donde el Ejecutivo y sus aliados no cuentan con los apoyos necesarios. Salvo un cambio inesperado, la oposición de Junts y PNV impedirá que el decreto prospere en el Congreso dentro de un mes, lo que implicará su derogación.
En un intento por atraer a Junts y PNV, el Gobierno y sus aliados anunciaron ayer que incluirán bonificaciones a proyectos de energías renovables en el diseño del texto, mostrando su disposición para alcanzar un consenso amplio y equilibrado entre todas las fuerzas políticas. Además, aseguraron que la fórmula pactada, que combina decreto y tramitación posterior, es la única viable para que el gravamen entre en vigor el 1 de enero de 2025, se convierta en un impuesto en pocas semanas y se coordine con las Haciendas forales vasca y navarra.
Estas promesas buscan sortear las reticencias de Junts, que rechaza un gravamen que podría llevar a Repsol a deslocalizar inversiones en Tarragona, y de PNV, que exige control foral total sobre cualquier figura impositiva de este tipo. Sin embargo, ambas formaciones siguen sin mostrar interés en las propuestas del Ejecutivo, mientras que las demandas de Podemos y sus críticas hacia otros partidos, a los que tacha de "defensores de Repsol", han acentuado las tensiones dentro del ya frágil bloque de investidura.
Hacienda, por otro lado, confía en que el decreto para equiparar fiscalmente el diésel con la gasolina, que también se aprobará el lunes, tenga más posibilidades de ser convalidado.