(El Economista, 21-02-2025) | Mercantil, civil y administrativo
El Gobierno mantiene una postura firme en contra de la actividad de los fondos de inversión en el sector inmobiliario y continuará trabajando para limitar su presencia en España. Así lo ha manifestado esta mañana la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, quien, al ser consultada sobre la posibilidad de legislar para impedir que estos fondos adquieran edificios residenciales en bloque, ha asegurado que harán "todo lo posible para evitarlo".
"Invertir en España es positivo, pero existen muchos otros sectores en los que somos referentes y donde estos fondos pueden destinar su capital. En el ámbito de la vivienda, pueden apostar por la industrialización de la construcción o realizar inversiones con un enfoque social, pero no vamos a permitir que las viviendas se traten únicamente como bienes de mercado", ha declarado Rodríguez.
Estas afirmaciones están en línea con las medidas en materia de vivienda anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el mes pasado, entre ellas un cambio en la fiscalidad de las socimis residenciales. Esta reforma busca restringir los beneficios fiscales a aquellas empresas que inviertan exclusivamente en vivienda social.
Desde el sector inmobiliario han expresado su preocupación en varias ocasiones ante estos cambios normativos, argumentando que generan "incertidumbre para los inversores" y pueden "alejar el capital extranjero de España". Insisten en que este financiamiento es "esencial", ya que el país no dispone de los recursos necesarios para construir por sí solo toda la vivienda social prometida.
Rodríguez también ha puesto el foco en la problemática de la vivienda turística. "Necesitamos menos pisos turísticos y más viviendas disponibles para los ciudadanos", ha afirmado. Según la ministra, existe un "amplio consenso social" sobre la necesidad de regular, limitar e incluso prohibir ciertos alojamientos turísticos.
Este jueves se ha conocido que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, liderado por Pablo Bustinduy, ha iniciado expedientes sancionadores contra grandes gestoras de pisos turísticos, acusándolas de posibles prácticas engañosas y otras infracciones de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Rodríguez ha subrayado la necesidad de una regulación más estricta en este ámbito, en contraste con la "desregulación" de la última década, que, según ha señalado, ha afectado negativamente a las ciudades, impulsando el alza de los precios y dificultando el acceso a la vivienda.
La ministra también ha destacado que el Gobierno implementará una serie de medidas para aumentar la oferta de viviendas en alquiler, incentivando a los propietarios a poner sus inmuebles en el mercado a precios asequibles.
"En los próximos meses se pondrá en marcha un sistema de garantías públicas que protegerá tanto a inquilinos como a propietarios, una iniciativa que ya fue aprobada la semana pasada en el Congreso", ha anunciado. Además, se promoverán ayudas para la rehabilitación de viviendas vacías, con el objetivo de que se alquilen dentro de los límites establecidos por el Índice de Precios de Referencia, es decir, por debajo del precio de mercado. Los propietarios que participen en este programa podrán beneficiarse de una exención total en el IRPF, sin necesidad de que sus viviendas estén ubicadas en zonas de alta demanda.
"Con estas iniciativas queremos garantizar que todos los ciudadanos puedan aprovechar los beneficios de la nueva Ley de Vivienda, aunque algunas comunidades, como Madrid, se resistan a aplicarla, perjudicando tanto a propietarios como a inquilinos", ha señalado Rodríguez, en una crítica directa a las políticas del gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso.