(El País, 23-10-2024) | Laboral

La Seguridad Social ha decidido reestructurar la Comisión de Control Especial de los fondos de pensiones de empleo de promoción pública con el objetivo de "dinamizar" su funcionamiento y acelerar la llegada de inversiones a estos vehículos, según fuentes del Ministerio. Este sistema, impulsado por la Administración, pretende facilitar que las empresas ofrezcan planes de pensiones a sus empleados, extendiendo su acceso más allá de las grandes empresas y funcionarios, hacia trabajadores de pymes y autónomos.

Con este fin, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes un Real Decreto que ajusta tres aspectos clave de la regulación de la Comisión de Control -integrada por 13 miembros: cinco designados por el Ministerio de Inclusión, cuatro propuestos por los sindicatos y cuatro más por las patronales-, cambios que responden a las inquietudes de los agentes sociales y que podrían haber contribuido al estancamiento actual de los fondos de promoción pública.

El primer cambio se refiere a la remuneración de los miembros de la Comisión. El Real Decreto modificará la orden publicada en el BOE el 2 de noviembre de 2023 para aclarar que los integrantes solo tendrán derecho a percibir remuneraciones por asistir a las reuniones periódicas, y que recibirán compensaciones adicionales solo cuando el patrimonio conjunto de los fondos alcance los 1.000 millones de euros. Esto garantizará que los primeros planes de pensiones no tengan que financiar estos pagos.

El segundo ajuste elimina incompatibilidades que afectaban a los miembros de la Comisión, las cuales habían sido especialmente criticadas por las organizaciones empresariales. La nueva normativa suprime la aplicación del régimen de incompatibilidades y conflictos de interés de los altos cargos del Estado, permitiendo que consejeros independientes, profesionales docentes o investigadores, miembros de corporaciones profesionales o representantes empresariales que no estén vinculados al sector financiero, y miembros de sindicatos o patronales, puedan formar parte de la Comisión.

El tercer cambio permitirá que las retribuciones de los miembros no se asignen a título personal, sino que se transfieran directamente a la organización que representan, una modificación que no estaba contemplada en la normativa vigente.

La Seguridad Social confía en que estos cambios impulsen el funcionamiento pleno de esta parte de la reforma del segundo pilar de protección social, parte del plan de Recuperación y Resiliencia exigido por la Unión Europea. Aunque los fondos están abiertos a autónomos, pymes y el sector público, las primeras inversiones se espera que provengan principalmente de las Administraciones y empresas públicas.

En cuanto a la otra parte de la reforma, la creación de planes de pensiones simplificados, el Gobierno está satisfecho con su evolución. Aunque hasta ahora solo el sector de la construcción ha implementado un gran plan sectorial que cubre a un millón de trabajadores, se han movilizado unos 200 millones de euros a través de una veintena de planes para autónomos y pymes. Sin embargo, esta cifra aún está lejos del objetivo de 2.500 millones en tres años que se propuso el ministro Escrivá.

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