(El Periódico, 20-11-2024) | Laboral
El Consejo de Ministros ha aprobado una nueva reforma del reglamento de extranjería, con el objetivo de facilitar la incorporación laboral de cientos de miles de personas extranjeras que ya residen en España, ya sea como estudiantes o conviviendo con familiares. La reforma también agiliza los procesos para que familiares de residentes, como parejas, padres, hermanos o hijos, puedan obtener permisos de residencia y trabajo en el país.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones lleva trabajando en esta reforma desde principios de año, con la intención de completar los cambios iniciados en 2022. Las modificaciones, que se publicarán en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este miércoles, entrarán en vigor dentro de seis meses, en mayo de 2025.
Según explicó la ministra Elma Saiz tras la reunión del Consejo de Ministros, se espera que estas medidas permitan regularizar a unas 300.000 personas anualmente durante los próximos tres años. Actualmente, los trabajadores nacidos fuera de España representan más del 13% de los afiliados a la Seguridad Social, contribuyendo significativamente al crecimiento del empleo, ya que más del 40% de los nuevos puestos de trabajo en el último año han sido ocupados por personas migrantes.
La reforma introduce varios cambios importantes, según los últimos borradores revisados por especialistas. Uno de los más destacados es el fortalecimiento del arraigo por formación. Ahora, quienes cursen estudios de formación profesional o superiores podrán solicitar permisos para trabajar hasta 30 horas semanales, sin necesidad de que el empleo esté relacionado con la formación. Además, se amplía de tres meses a un año el plazo de los visados para la búsqueda de empleo.
Otro cambio significativo es la reducción de los plazos para solicitar el arraigo social. Mientras que antes se requerían tres años de residencia en el país, ahora será suficiente con dos, siempre que se puedan acreditar vínculos familiares de primer grado con un residente. También se elimina la exigencia de presentar un precontrato laboral para obtener el permiso de trabajo, un requisito que complicaba la regularización.
La reforma también busca facilitar la reagrupación familiar. Las personas con nacionalidad española podrán traer a familiares de primer grado (parejas, padres, hermanos o hijos) que llegarán con permiso de trabajo. Para ello, deberán demostrar que han sostenido económicamente a esos familiares en el país de origen durante al menos seis meses y acreditar ingresos mínimos equivalentes al 100% del IPREM más un 75% adicional por cada miembro adicional de la familia. Esta gestión podrá realizarse desde España, simplificando los trámites y evitando posibles trabas en consulados o embajadas.
Además, se introduce una nueva vía para renovar los permisos de trabajo para aquellas personas que en el pasado contaron con autorización laboral, pero que la perdieron por diversos motivos. En términos generales, la reforma busca regularizar la situación de personas extranjeras que ya residen en España y facilitar la llegada de familiares de residentes, al tiempo que intenta contribuir al crecimiento económico y laboral del país. Sin embargo, su éxito dependerá en gran medida de la capacidad de las oficinas de extranjería para gestionar estas solicitudes de manera ágil y efectiva, ya que actualmente enfrentan importantes cuellos de botella.