(El País, 24-10-2024) | Fiscal
El Ministerio de Hacienda ha decidido retrasar la reforma que convertiría en permanentes los gravámenes extraordinarios sobre los sectores bancario y energético. Es necesario aprobar esta medida antes del 31 de diciembre para que estos grandes grupos tributen por los beneficios obtenidos durante este año. Inicialmente, el Gobierno consideraba incluir esta reforma en la transposición de la directiva europea que establece una imposición mínima para las multinacionales. Sin embargo, el plazo para introducir modificaciones a esta normativa se ha extendido nuevamente hasta el 30 de octubre, lo que otorga al Ejecutivo unos días más para intentar concluir una negociación que se ha complicado.
Si no se consigue avanzar por esta vía, Hacienda aprobaría la medida a través de un real decreto ley, que posteriormente tendría que ser ratificado en el Congreso, según fuentes del departamento que lidera María Jesús Montero. No obstante, esta opción sería inconstitucional a menos que solo se trate de una prórroga del gravamen, y aun así, se enfrentaría a la complicada aritmética parlamentaria. Para aprobar los impuestos se necesitan los apoyos del PNV y Junts, mientras que empresas como Repsol ejercen presión para bloquearlos. La banca, por su parte, busca suavizarlos, proponiendo que se basen en los beneficios y no en los ingresos por intereses y comisiones.
Estos gravámenes deben integrarse en el sistema tributario español para que Hacienda pueda recaudar sobre los ingresos de 2024 en 2025, y así sucesivamente. Este fue el acuerdo alcanzado en diciembre pasado entre el PSOE y Sumar, cuando se aprobó el decreto anticrisis, y el compromiso que el Gobierno también asumió recientemente con Bruselas en su plan fiscal. No obstante, el desafío de su tramitación es enorme. Dentro del Ejecutivo, las posiciones entre el PSOE y Sumar son cada vez más divergentes: mientras los primeros buscan un enfoque más flexible, los segundos abogan por mantener e incluso endurecer la medida. Entre los habituales aliados del Gobierno, Bildu, ERC y BNG respaldan la postura de Sumar, pero la situación es más complicada con el PNV y Junts, cuyos votos son cruciales.
En una tribuna publicada el martes, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, criticó duramente la posibilidad de hacer permanentes los gravámenes, calificándolo de "demagogia fiscal", y advirtió que la inversión en el sector energético en España "se reducirá al mínimo", desviando miles de millones de euros a otros países. Imaz explicó que Repsol tiene previstas inversiones de 10.000 millones de euros en refinerías, generando más de 200.000 empleos, y advirtió que un gravamen discriminatorio pondría en peligro estas inversiones.
Estas declaraciones también han causado revuelo en Cataluña, donde Repsol planea invertir más de 1.000 millones de euros en el polo químico de Tarragona. Fuentes de Junts han indicado que aún no han decidido su voto y que la posición del partido probablemente se hará pública cuando se acerque la votación. El futuro de estos gravámenes depende en gran medida de Junts.
En cuanto al impuesto a la banca, fuentes del sector financiero opinan que la actual situación -con los tipos de interés a la baja y los márgenes de interés más moderados- ha dejado obsoletos los argumentos que justificaron la introducción de esta tasa. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ya señaló que el nuevo gravamen tendría en cuenta los ciclos de crédito y las variaciones en los tipos de interés.
El sector bancario ha propuesto que el impuesto grave únicamente los beneficios y no los ingresos por intereses y comisiones, y también han solicitado medidas especiales para evitar que la tasa limite el acceso al crédito para las pymes. Asimismo, han sugerido un esquema similar al del Fondo de Garantía de Depósitos, que se ajuste según el ciclo económico, propuesta que el ministerio ha rechazado.
Mientras tanto, Hacienda ha revisado los pagos de esta tasa y considera que los bancos han pagado menos de lo que les correspondía. La Agencia Tributaria está analizando aspectos como el negocio en el extranjero, las comisiones por ventas de seguros, las deducciones por los bonos "cocos" y los activos fiscales diferidos, lo que podría desencadenar una nueva batalla legal con el sector bancario.
Estos gravámenes extraordinarios se crearon para estar vigentes en 2023 y 2024, gravando los ingresos de 2022 y 2023, bajo la figura de prestación patrimonial no tributaria. Esto permitió al Gobierno evitar problemas como la doble imposición, recaudando más de 5.700 millones de euros en los dos primeros años. Ahora, en el rediseño en curso, el Gobierno debe decidir si mantiene este enfoque, como exige Sumar, o si opta por una versión más suave, como proponen Hacienda y el PNV.