(El País, 17-07-2024) | Fiscal
El Gobierno anunció este martes un incremento del techo de gasto para los Presupuestos de 2025, alcanzando un récord de 195.353 millones de euros, lo que supone un aumento del 3,2% y 6.138 millones adicionales sin contar los fondos europeos. Incluyendo estos fondos, el gasto se mantiene igual, ya que, según explicó la ministra de Hacienda, se están reduciendo las transferencias de fondos europeos mientras aumentan los créditos, que se contabilizan en el capítulo financiero y no en el de gasto. El techo de gasto determina cuánto pueden aumentar los desembolsos del Estado, se calcula a partir del crecimiento previsto de los ingresos y marca el inicio de la elaboración de los Presupuestos.
Quedan fuera de este cálculo los presupuestos de la Seguridad Social, las comunidades autónomas y las entidades locales, aunque se incluyen las transferencias de impuestos que Hacienda entrega para financiar las pensiones y el desempleo. Aunque esta cifra da una indicación importante sobre la evolución del gasto, hay porciones significativas que no se incluyen y el Gobierno puede luego dejar algunas partidas sin ejecutar.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, destacó que este incremento del gasto es compatible con la responsabilidad fiscal, el fortalecimiento del Estado del Bienestar y el cumplimiento del nuevo marco fiscal europeo. La principal novedad para estas cuentas es que en 2025 entrarán en vigor las nuevas reglas fiscales europeas, que impondrán un límite anual al aumento del gasto. Este nuevo límite no se aplicará a los intereses, los fondos cofinanciados por Europa y se ajustará según las subidas de impuestos. Es decir, si el Gobierno decide aumentar los ingresos, tendrá más margen para el presupuesto. Este concepto, llamado gasto primario neto, se calcula para asegurar que la deuda pública siga una trayectoria descendente con alta probabilidad hasta 10 años después de concluir el ajuste.
Montero también anunció la senda de incrementos del gasto primario neto comprometidos con Bruselas: un 3,2% en 2025; un 3,3% en 2026, y un 3,4% en 2027. Estos límites son bastante exigentes debido a que hay partidas importantes, como las pensiones, que representan más de un tercio del gasto público y podrían aumentar alrededor del 5% el próximo año, reduciendo el margen disponible. También aumentarán las transferencias a comunidades y ayuntamientos. Para el próximo año, se prevé eliminar las ayudas a la inflación y hacer permanentes los impuestos extraordinarios a la banca, las energéticas y las grandes fortunas para equilibrar las cuentas. Según las previsiones del Ejecutivo, los ingresos totales de las Administraciones aumentarán más de un 5% este año y la recaudación tributaria, un 6,5%.
El plan fiscal que España presentará con estos compromisos de subidas máximas del gasto se elaborará a cuatro años y se presentará en septiembre, aunque el ajuste requerido se podrá hacer en siete años a cambio de las reformas del Plan de Recuperación. La idea es que los ingresos suelen crecer al mismo ritmo que el PIB con la inflación. Si el gasto público crece menos que esto, entonces se producirá una corrección de las cuentas.
El Gobierno entregará este año más recursos que nunca a las comunidades: un 9,5% más, hasta los 147.412 millones. Además, contarán con otros 11.000 millones de la liquidación de hace dos años. Sin embargo, considerando la liquidación, el incremento de la financiación es realmente del 2,5% porque la devolución del año anterior fue muy alta debido al rebote post-pandemia. También dispondrán de más margen al poder mantener un déficit del 0,1% del PIB durante los próximos tres años, en lugar de alcanzar el superávit del 0,1% que se les iba a exigir anteriormente. Es decir, tendrán dos décimas más del PIB para gastar. Las entidades locales recibirán un 13% más de transferencias, aunque en la práctica su financiación solo subirá un 1,3% debido a la liquidación. Bastará con que alcancen el equilibrio presupuestario en vez de tener que presentar un superávit del 0,2% del PIB, como se les exigía antes. La Seguridad Social mantendrá un déficit del 0,2% del PIB todos los años.
El Gobierno también presentó su cuadro macroeconómico. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, aumentó la previsión de crecimiento para este año en cuatro décimas, del 2% al 2,4%, y para el próximo año en tres décimas, del 1,9% al 2,2%. En 2026 y 2027, el crecimiento se situará en el 2% gracias a una mejora del crecimiento potencial. Al final de la legislatura, la deuda habrá bajado ligeramente del 100% del PIB, volviendo a los niveles pre-pandemia, y el empleo llegará a 23 millones de ocupados a tiempo completo. Entre 2024 y 2025 se crearán más de un millón de puestos de trabajo.
Este crecimiento se basará en mejoras significativas de la productividad, en el aumento de la población activa y en la reducción del desempleo hasta el 8,9%, que el Gobierno considera pleno empleo. El sector exterior seguirá generando superávits del 2% del PIB y la inversión será uno de los motores de la economía, apoyada en los fondos europeos, que tendrán su máximo impacto en 2024 y 2025.