(El Periódico, 16-04-2025) | Mercantil, civil y administrativo
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, una transferencia de 198,7 millones de euros a las comunidades autónomas -exceptuando Euskadi y Navarra- y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Este fondo tiene como objetivo reforzar los servicios sociales, impulsar programas de apoyo a las familias y combatir la pobreza infantil.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo, el ministro Pablo Bustinduy subrayó que estos recursos deben orientarse prioritariamente a mejorar las condiciones de vida de los hogares más vulnerables, especialmente aquellos con necesidades especiales de protección, como las familias monoparentales, numerosas o las que residen en zonas rurales.
De este total, 65 millones de euros se dedicarán a proyectos de intervención social y ayudas directas a familias en situación de riesgo, con programas que cubran necesidades básicas como alimentación, ropa o productos de higiene. También se incluyen ayudas educativas, como la compra de material escolar o el acceso al comedor, así como subvenciones para el pago del alquiler o suministros del hogar.
Otra parte de la inversión busca facilitar la conciliación laboral y familiar para los hogares en situación más precaria. Se financiarán servicios como escuelas infantiles o apoyos puntuales para atender a niños, niñas y adolescentes. Entre los programas destacados se encuentra el Programa VECA, que ofrece actividades educativas, culturales y recreativas durante las vacaciones escolares. Además, se promoverá una alimentación saludable y equilibrada para los menores incluso cuando no asisten al comedor escolar.
Asimismo, se asignan 25 millones de euros para fortalecer los equipos de servicios sociales especializados en la detección y prevención de situaciones de violencia hacia menores, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI).
Por último, 100 millones de euros se destinarán al sostenimiento de la red de servicios sociales de atención primaria gestionada por los ayuntamientos. Esto incluye servicios como ayuda a domicilio, apoyo a las unidades de convivencia, prevención de la exclusión social y medidas de integración para las familias más necesitadas.