(Expansión, 11-10-2024) | Fiscal
El Gobierno está dispuesto a apurar el último plazo disponible y esperar hasta el martes 15 de octubre para enviar a Bruselas el Plan Fiscal Estructural. Este documento detalla la senda plurianual de ajustes presupuestarios que las nuevas normas fiscales exigen a los países que no cumplen, explicando cómo reducirán su déficit y deuda excesivos. Aunque ha ganado casi un mes desde la fecha original del 20 de septiembre, el Ejecutivo se enfrenta a la elaboración final de este plan sin haber aprobado previamente la senda de déficit, ya que tuvo que retirar su propuesta para renegociarla debido a la amenaza de bloqueo por parte de Junts.
El Plan Fiscal Estructural es clave en la aplicación de las nuevas normas fiscales, que permiten a los países con un déficit superior al 3% del PIB o una deuda pública superior al 60% corregir su situación mediante un programa plurianual de ajustes. Este plan debe garantizar que la deuda entra en una clara senda descendente en un plazo de 10 años desde su implementación. Tras la reforma de las normas presupuestarias europeas, el enfoque se ha trasladado de la reducción del déficit a la limitación del gasto primario neto, para el cual Bruselas ha proporcionado una referencia a cada país, aunque España no la ha hecho pública aún. A partir de ahí, los países pueden optar por reducir el gasto, aumentar los ingresos o ambas vías, a lo largo de cuatro o siete años, dependiendo de si incluyen reformas estructurales.
Este plan es obligatorio para España, que cerró 2023 con un déficit público del 3,6% y una deuda pública del 105%. El país evitó la apertura de un procedimiento de déficit excesivo gracias a que la Comisión Europea, que considera este año de transición tras cuatro años de suspensión de las reglas fiscales, proyectó que España cerraría 2024 con un déficit del 3%. Sin embargo, la indulgencia de Bruselas ha sido cuestionada por la Junta Fiscal Europea.
En abril, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) estimó que España debería incluir en su plan un ajuste de 9.200 millones de euros anuales durante cuatro años (equivalente al 0,63% del PIB), o de 6.300 millones durante siete años (0,36% del PIB) si se comprometen reformas estructurales. Esto representaría un ajuste total de entre 36.800 y 44.100 millones de euros. Sin embargo, tras la revisión al alza del PIB por parte del INE, que aumentó el tamaño de la economía en 36.400 millones, el ajuste será algo menor. Raymond Torres, director de coyuntura económica de Funcas, señaló que la revisión del PIB tiene un doble efecto: reduce el peso relativo del déficit y la deuda, pero el déficit estructural podría ser mayor.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró en el Congreso que el Plan Fiscal Estructural incluirá "compromisos de responsabilidad en el gasto, pero también nuevas inversiones", y garantizó que "no habrá recortes". A su vez, destacó que la presión fiscal en España es unos cuatro puntos del PIB inferior a la media europea, un comentario reforzado por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, quien añadió que "Europa exige una reforma fiscal". Con el PIB revisado, se necesitarían incrementos de impuestos por valor de unos 60.000 millones de euros. Aunque no se espera una subida inmediata, Hacienda ha confirmado su intención de cerrar esa brecha fiscal, lo que podría implicar nuevos compromisos de ingresos en el plan del martes.
El documento, sin embargo, no contará con una nueva senda fiscal aprobada que fije los objetivos anuales de déficit. Hacienda busca reducir el déficit al 3% del PIB en 2024, al 2,5% en 2025, al 2,1% en 2026 y al 1,8% en 2027, pero ha tenido dificultades para aprobar esta senda en el Parlamento. Desde septiembre, el Gobierno negocia con Junts y otros socios parlamentarios, buscando un acuerdo para repartir los esfuerzos entre administraciones, dando más margen de gasto a las comunidades autónomas a costa de la Administración Central. Aún si se logra un acuerdo, su aprobación en el Parlamento se retrasaría varias semanas. Si no se aprueba, se mantendría la senda actual, menos exigente, que prevé un déficit del 2,7% en 2025 y del 2,5% en 2026. La incertidumbre es tal que el Gobierno también ha retrasado la entrega del Plan Presupuestario anual, que Bruselas exige para el 15 de octubre, hasta tener definidas las cuentas de 2025.