(El País, 21-10-2024) | Laboral
El Gobierno de España sigue una línea distinta en política migratoria respecto a Bruselas. Mientras la Comisión Europea endurece las condiciones para los migrantes y contempla la creación de centros de deportación en terceros países, similar al modelo impulsado por la ultraderechista italiana Giorgia Meloni, en Madrid, el Ministerio de Migraciones está finalizando un nuevo reglamento de extranjería que facilitará los trámites a los 6,5 millones de inmigrantes que ya residen en el país, así como a quienes planean venir a trabajar. Se espera que la norma, cuyo último borrador ha sido consultado por EL PAÍS, sea presentada al Consejo de Ministros a mediados de noviembre, y permitirá la regularización de decenas de miles de personas. Según una fuente gubernamental involucrada en la reforma, este enfoque gradual y discreto es más efectivo que un proceso de regularización extraordinario.
Esta modificación del reglamento, la segunda en dos años, ajustará ciertos aspectos clave de la ley de extranjería: reducirá los plazos para obtener permisos de residencia y trabajo, prolongará la duración de las renovaciones, eliminará algunos requisitos y facilitará la integración laboral. A pesar de posibles ajustes, varios grupos se beneficiarán especialmente, como estudiantes, trabajadores en busca de empleo, familias y miles de solicitantes de asilo a los que se les ha denegado la protección en los últimos años.
Los estudiantes extranjeros que se hayan formado en España podrán pasar más fácilmente de un permiso de estancia por estudios a una autorización de residencia y trabajo, siempre que tengan un contrato en un sector relacionado con su formación. Los visados para la búsqueda de empleo, disponibles para descendientes de españoles de origen o para ocupaciones específicas, tendrán una duración de un año en lugar de los tres meses actuales.
Además, se crea una nueva vía de regularización temporal para solicitantes de asilo a quienes se les haya denegado la protección y que se encuentren en situación irregular en España. Si han permanecido en el país por más de seis meses, podrán solicitar un permiso de residencia por arraigo. El reglamento se aprobará mediante Real Decreto, sin necesidad de validación parlamentaria, y es independiente tanto de la reforma de la ley de extranjería que se está negociando para la redistribución de menores extranjeros no acompañados como de la iniciativa legislativa popular para una regularización extraordinaria y general.
La reforma tiene como objetivo reducir la burocracia, adaptarse a la nueva realidad demográfica y garantizar derechos, pero también se justifica por razones económicas. En línea con el enfoque del exministro José Luis Escrivá, ahora gobernador del Banco de España, se espera que estas medidas contribuyan a la atracción y retención de trabajadores extranjeros y fortalezcan la economía y el sistema de bienestar, según el documento de impacto de la norma.
Un cambio importante del nuevo reglamento es que los migrantes en situación irregular podrán solicitar un permiso de residencia y trabajo por arraigo tras dos años en el país, en lugar de los tres años actuales. También se introduce la figura del "arraigo de segunda oportunidad", dirigida a quienes tuvieron un permiso de residencia en el pasado y no pudieron renovarlo.
El texto abre una vía transitoria para regularizar a miles de solicitantes de asilo que, tras ser rechazados, se encuentran en situación irregular. Aquellos que lleven seis meses en esta situación podrán optar a un permiso de residencia por arraigo. Esta regularización limitada afectará a un colectivo numeroso, ya que solo en 2023 se registraron más de 163.000 solicitudes de asilo, la mayoría de las cuales fueron denegadas, dejando a estas personas sin permiso para residir y trabajar en el país.
El Ministerio del Interior ha expresado su preocupación ante este tipo de medidas, argumentando que muchos migrantes económicos utilizan la solicitud de asilo como una forma de obtener residencia, aprovechando los largos tiempos de espera para la resolución de sus casos, una situación generada, en parte, por los retrasos del propio ministerio.
Otra novedad es que los inmigrantes que obtengan un permiso por "arraigo para formación" podrán trabajar hasta 30 horas semanales mientras estudian. Esta modalidad, que ahora se llamará "arraigo socioformativo", se creó en 2022 para permitir que personas en situación irregular que llevaban más de dos años en España pudieran regularizarse a través de la formación.
En cuanto a los estudiantes extranjeros, el reglamento facilitará la transición de la estancia por estudios a una autorización de residencia y trabajo, siempre que consigan un empleo relacionado con su formación. Además, los familiares de los estudiantes podrán tramitar sus permisos desde España, sin tener que hacerlo en sus países de origen. También habrá mejoras en los visados para la búsqueda de empleo, que ahora tendrán una duración de un año.
El Gobierno lleva meses intentando contrarrestar el creciente discurso de odio hacia los extranjeros en España y Europa. Recientemente, el presidente Pedro Sánchez defendió en Bruselas una visión más inclusiva de la inmigración, afirmando que la migración legal es una fuente de financiación para las economías. A pesar del endurecimiento del discurso migratorio, sectores como el transporte, la construcción o la hostelería siguen demandando trabajadores extranjeros debido a la falta de mano de obra local. El documento concluye que las innovaciones normativas contribuirán a aumentar el capital humano disponible y la competitividad de las empresas españolas en el contexto global.