(Expansión, 17-07-2024) | Fiscal
Las empresas solicitan que sus esfuerzos en el ámbito del cumplimiento normativo se traduzcan en una mayor seguridad jurídica, aunque siguen esperando la transposición de la normativa a la legislación española antes de que termine 2024. La reforma fiscal internacional de la OCDE, implementada a través de los sistemas conocidos como Pilar I y Pilar II, representa un gran desafío de adaptación para las empresas españolas, que aún esperan que el legislador incorpore los detalles de la reforma al ordenamiento jurídico.
El Pilar I se centra en redistribuir los beneficios empresariales hacia las jurisdicciones de mercado, mientras que el Pilar II consiste en un conjunto de reglas destinadas a asegurar que las multinacionales tributen globalmente a un tipo mínimo del 15%. Esta es la respuesta de la OCDE a la deslocalización y la nueva economía digital, que ha sido analizada por tres destacados fiscalistas españoles en el OBSERVATORIO FISCAL EXPANSIÓN, patrocinado por Santander. Su primera sesión, titulada "OCDE: El nuevo paradigma en la fiscalidad de las multinacionales", ya ha tenido lugar.
"En el caso de Iberdrola, que es una empresa industrial, la deslocalización fiscal es imposible", señala Begoña García-Rozado, directora global de Fiscalidad de Iberdrola. "Es posible que la aplicación de esta norma genere muchos casos de doble imposición, y la mejor forma de eliminar la doble imposición es prevenirla, más que añadir soluciones a posteriori", añade.
Los posibles efectos de estas novedades, especialmente del Pilar II, en términos de seguridad jurídica preocupan a los grupos multinacionales. Esta necesidad de adaptación ocupará a las empresas "a medio plazo, entre los próximos cinco y siete años", puntualiza David Vilches, counsel de Uría Menéndez. A partir de entonces, "se convertirá en una obligación que asumiremos, aunque posiblemente el beneficio económico que genere no compensará el coste de cumplimiento que implica para las empresas".
Javier González Carcedo, socio de PwC Tax & Legal, destaca que "se habla mucho del Pilar II como un cambio de paradigma, cuando en realidad es solo un instrumento para aumentar la tributación mundial". Sin embargo, aclara que "el Pilar I sí representa un cambio de paradigma, porque durante muchos años se ha sostenido que se debía tributar donde se genera valor, mientras que ahora se dice que se debe tributar donde la empresa tenga mercado".
En cuanto al Pilar II, Begoña García-Rozado subraya que "en Iberdrola no esperamos repercusiones sustanciales en términos de un mayor pago de impuestos". Aun así, advierte que "hay cuestiones que nos preocupan, especialmente dos: las obligaciones fiscales y los incentivos fiscales legítimos".
En el primer aspecto, coincide en que "estos nuevos paradigmas fiscales generan muchas obligaciones formales, que suelen tener un coste considerablemente superior a lo que, previsiblemente, se va a conseguir desde el punto de vista recaudatorio". Así, García-Rozado aclara que el Pilar II requiere un sistema de cálculo diferente, y toma como base un sistema contable que no existe desde el punto de vista jurídico, lo que "está obligando a las grandes empresas a generar los datos con una metodología diferente a la actual".
Para la responsable de Iberdrola, la cuestión de los incentivos también es crucial, como en el caso del I+D+i o los incentivos a las energías renovables diseñados para fomentar la economía sostenible, la electrificación y la transición energética. "Dependiendo de cómo estén estructurados esos incentivos, pueden verse afectados por el tipo mínimo. Los países deben reestructurar sus sistemas de incentivos cuanto antes", considera García-Rozado.
Para que las distintas jurisdicciones tengan las mismas reglas del juego, David Vilches plantea que "la cuestión clave son los créditos fiscales". Por ejemplo, menciona que países como Irlanda están modificando su marco normativo para hacer que su política de ingresos fiscales sea compatible con el Pilar II. El counsel de Uría Menéndez considera que "tal y como están planteados los créditos fiscales hoy, difícilmente serían compatibles con el Pilar II de la OCDE. Esto puede generar problemas de inversión y competitividad".
Dada la novedad de estos conceptos y las diversas interpretaciones que pueden surgir, Vilches subraya que las Administraciones Públicas "seguramente adoptarán un enfoque colaborativo y flexible, tratando de comprender las situaciones de las empresas".
A largo plazo, Javier González Carcedo destaca que "hay una transformación profunda que quedará en el sistema fiscal: el mercado como factor generador de gravamen". De este modo, los grupos empresariales deberán adaptarse al cambio de paradigma que implica esta transformación.