(El Economista, 29-11-2024) | Fiscal
El diseño del nuevo impuesto a las entidades financieras incluye una deducción extraordinaria para aquellas cuyo nivel de rentabilidad se vea afectado por esta carga, que grava los márgenes de intereses y comisiones. Así lo recoge el texto aprobado recientemente en el Congreso de los Diputados, actualmente en trámite en el Senado, y cuyo detalle fue publicado ayer en el boletín de las Cortes Generales, según informó elEconomista.es.
En el marco del proyecto de ley que establece un tipo mínimo global del 15% para grandes grupos y multinacionales, se incorporó una disposición adicional novena que regula este impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de las entidades financieras que operan en España. El apartado doce de esta disposición establece que las entidades con un índice de rentabilidad inferior al 0,7% podrán beneficiarse de una deducción. Este índice se calcula dividiendo el resultado contable del ejercicio (sin considerar el gasto del impuesto) entre el total de activos al cierre del año, multiplicado por 100, según indica la normativa.
La bonificación se determina mediante una fórmula que aplica una reducción proporcional a la diferencia entre el índice de rentabilidad de la entidad y el umbral del 0,7%. Por ejemplo, si una entidad presenta un índice de rentabilidad del 0,6% en 2024, primer año de aplicación del impuesto, podría obtener una deducción del 15% sobre la cantidad inicialmente prevista a pagar. No obstante, la deducción nunca podrá resultar en una cantidad negativa.
Esta deducción no estaba contemplada en el gravamen temporal introducido en 2022, en respuesta a la crisis de precios derivada de la guerra en Ucrania, ni en el impuesto aplicado a las empresas energéticas. Además, la norma actual establece una reducción adicional del 25% del importe aportado en concepto de Impuesto de Sociedades o Impuesto sobre la Renta de No Residentes.
El nuevo esquema tributario es fruto de las negociaciones del Ministerio de Hacienda con los partidos Junts y PNV, que lograron asegurar que el impuesto esté vigente al menos tres años, permitiendo que las comunidades forales como el País Vasco y Navarra puedan establecer sus propios criterios de bonificación. Estas condiciones serán discutidas en una comisión mixta entre los niveles de gobierno, cuya fecha aún está pendiente.
El modelo acordado contempla una escala progresiva, que oscila entre el 1% y el 7% según la base imponible. Por ejemplo, bases inferiores a 750 millones de euros tendrán un tipo del 1%, mientras que las superiores a 5.000 millones alcanzarán el 7%. Este diseño, que incrementa el tramo máximo respecto a la propuesta inicial, surgió de negociaciones con partidos como ERC, EH Bildu y BNG.
Actualmente, el proyecto de ley se encuentra en el Senado, donde los grupos parlamentarios tienen hasta el 4 de diciembre para presentar enmiendas o vetos. El PP, con mayoría en este órgano, podría imponer un veto, pero este tendría que ser levantado posteriormente en el Congreso por mayoría absoluta o simple, dependiendo del plazo. El Gobierno confía en que el trámite concluya antes de fin de año para que el impuesto entre en vigor en 2024.
El sector bancario, que en 2023 ha alcanzado cifras récord gracias a las subidas de tipos del Banco Central Europeo, se enfrenta ahora a una previsión de menores beneficios a partir de 2025 debido al inicio de una fase de bajadas en los tipos de interés. El nuevo impuesto, que se aplicará durante tres ejercicios fiscales consecutivos desde el 1 de enero de 2024, afectará especialmente a grandes entidades como Caixabank, Santander y BBVA, según las estimaciones de 2023.
Tanto el Banco Santander como Unicaja han anunciado que recurrirán esta tasa, al igual que hicieron con el gravamen temporal anterior. Por su parte, la Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) han manifestado su rechazo, alegando inseguridad jurídica y un impacto negativo en la competitividad del país frente a Europa, además de anunciar posibles acciones legales.