(El Confidencial, 20-11-2024) | Laboral
El Gobierno vuelve a evidenciar divisiones internas en un asunto crucial: el futuro de Muface, que afecta a 1,5 millones de funcionarios que reciben atención sanitaria a través de un convenio con aseguradoras privadas. Las aseguradoras, por su parte, han manifestado su descontento ante la posibilidad de que se les imponga un impuesto adicional sobre los seguros de salud.
El Ministerio de Sanidad, liderado por Mónica García de Sumar, publicó este lunes un informe que plantea la desaparición de Muface. En este documento, Sanidad propone prorrogar los contratos actuales durante nueve meses para organizar la transición de los funcionarios al sistema de salud público. Según el informe, el modelo Muface es insostenible porque no cuenta con un equilibrio adecuado entre los usuarios que requieren más servicios y aquellos que hacen un uso menos frecuente.
La decisión del Ministerio de Sanidad fue tomada sin consultar al resto del Ejecutivo. En respuesta, el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, bajo la dirección de Óscar López del PSOE, trabaja contrarreloj para redactar un nuevo pliego que garantice la continuidad de Muface. Mientras Sumar respalda la propuesta de Sanidad, el PSOE intenta evitar un conflicto con los funcionarios. Fedeca, la federación de asociaciones de funcionarios, calificó el plan de Sanidad como "una ocurrencia que genera incertidumbre y desconcierto".
La situación de Muface se complica aún más a medida que se acerca la fecha de vencimiento del actual convenio, el 31 de diciembre de 2024. Aunque el Gobierno tiene la opción de extenderlo nueve meses más, las aseguradoras advierten que esta medida podría agravar la crisis del sistema. En el último pliego, que quedó desierto, Función Pública ofreció un incremento del 17,2% en las primas para los próximos dos años, con asignaciones de 1.337 millones en 2025 y 1.344,5 millones en 2026. Sin embargo, las aseguradoras Adeslas, Asisa y DKV rechazaron participar, alegando pérdidas de 200 millones anuales en el convenio anterior. DKV, la más crítica, estimó que con las nuevas condiciones perdería 74 millones en dos años.
A pesar de la urgencia, no se han establecido contactos al más alto nivel entre las aseguradoras y Función Pública, que espera ajustar las condiciones para que al menos dos aseguradoras acepten el nuevo pliego y así evitar el colapso de Muface. Entre tanto, persisten los temores sobre el impacto en los funcionarios, cuyos sindicatos han amenazado con movilizaciones, así como el posible colapso en la sanidad pública al recibir 1,5 millones de nuevos pacientes. También preocupa el efecto en el empleo y los servicios en la sanidad privada.
Antes del verano, el Gobierno ofreció a las aseguradoras un aumento del 24% en las primas, considerado insuficiente pero aceptable como punto de partida. No obstante, días antes de publicar el pliego, la oferta se redujo al 14%, lo que generó malestar en las aseguradoras. Finalmente, se propuso un 17%, que tampoco ha sido suficiente para resolver el conflicto. A esto se suma el desacuerdo por la propuesta consensuada entre PSOE y Sumar de eliminar la exención del impuesto sobre primas de seguros para los seguros de salud, un tributo del 8% que podría agravar el aumento de precios en este tipo de pólizas.