(Expansión, 13-12-2024) | Fiscal
La ampliación mediante decreto del gravamen a las empresas energéticas, comprometida por el Gobierno con sus socios de izquierda, perderá vigencia al mes de ser aprobada debido a la negativa anticipada del PNV a convalidarla. Para evitar que la medida quede totalmente desactivada, Hacienda impulsará por separado un decreto que contemple un incremento fiscal sobre el diésel.
El plan del Gobierno de extender por un año más el impuesto extraordinario a las compañías energéticas mediante un Real Decreto-ley, anunciado el miércoles a sus aliados de izquierda, corre el riesgo de quedar como un simple gesto simbólico. Desde el inicio, el PNV ha manifestado su oposición a esta figura fiscal, argumentando que no encaja en el régimen foral vasco. Ayer mismo, el partido reiteró que votará en contra de la convalidación del decreto, lo que implicaría que el gravamen expire un mes después de ser aprobado. Pese a esto, Hacienda continuará negociando con el PNV y Junts en los próximos días para intentar garantizar su apoyo, mientras trabaja ya en una subida fiscal al diésel que espera aprobar antes de finalizar el año.
El rechazo del PNV al impuesto, que afecta a empresas petroleras, gasistas y eléctricas y cuya vigencia actual concluye el 31 de diciembre, ha sido una constante desde el inicio de las negociaciones fiscales. Ante las advertencias de deslocalización de inversiones por parte de Repsol, tanto el PNV como Junts se han opuesto tajantemente a la intención inicial del Gobierno de convertir este gravamen temporal en un impuesto permanente.
Esta postura ha generado tensiones entre los socios parlamentarios del Ejecutivo, quienes consideran la reforma fiscal una prioridad tanto para cumplir con los compromisos adquiridos con la Unión Europea, en el marco de los fondos Next Generation, como para equilibrar las cuentas públicas. En este contexto, el PSOE se comprometió con ERC, Bildu y BNG a prolongar el gravamen un año más, al tiempo que ofrecía a Junts incentivos fiscales para proyectos de descarbonización. Además, Unidas Podemos exigió la creación de una comisión destinada a rediseñar el impuesto con el objetivo de convertirlo en una figura permanente en el sistema tributario español.
El acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos instaba a presentar una nueva proposición de ley para establecer un impuesto a las empresas energéticas, consensuado en una comisión negociadora con la participación de todos los partidos necesarios para su aprobación. Como alternativa, en caso de no alcanzarse un consenso, el Gobierno se comprometía a prorrogar el gravamen existente mediante un decreto antes de fin de año.
En cumplimiento de este compromiso, el Ministerio de Hacienda convocó el miércoles a una comisión con PSOE, Sumar, Podemos, Bildu, PNV, ERC, Junts, BNG y Coalición Canaria para debatir sobre el rediseño del impuesto. Sin embargo, la ausencia del PNV y Junts en esta reunión anticipó el estancamiento de las negociaciones. Aun así, el Ejecutivo reiteró a los socios presentes que aprobaría por decreto la extensión del tributo antes de que termine el año.
Ayer, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, confirmó en la red social X (antes Twitter) que su partido se opondrá frontalmente al decreto. "Advertimos el 27 de noviembre que no apoyaríamos la prórroga de un 'gravamen' que las haciendas forales no pueden recaudar. De ahí nuestro rechazo", explicó. No obstante, dejó abierta la posibilidad de respaldar un impuesto diseñado específicamente para que las haciendas forales puedan gestionarlo y derogarlo si lo consideran necesario. Este punto, junto con las bonificaciones para proyectos de descarbonización, podría ser clave en las conversaciones que Hacienda mantendrá con el PNV y Junts en los próximos días. Sin un acuerdo, el decreto que apruebe el Consejo de Ministros perderá su vigencia tras un mes, al no ser convalidado por el Congreso.
Mientras tanto, Hacienda busca asegurar los 1.500 millones de euros de recaudación prometidos a la UE mediante un decreto independiente que iguale la fiscalidad entre diésel y gasolina, el cual confía en que sea aprobado y convalidado.