(El Periódico, 16-10-2024) | Laboral
El Partido Popular está dispuesto a apoyar la última reforma de las pensiones propuesta por el Gobierno, siempre y cuando no se realicen cambios que exijan los socios de investidura. Si el texto se mantiene tal y como ha sido acordado con la patronal y los sindicatos, el PP podría dar su respaldo en el Congreso. Según fuentes internas del partido, Alberto Núñez Feijóo valora positivamente la posibilidad de que el proyecto de ley, que incluye medidas como la jubilación parcial y activa, avance gracias al consenso logrado en el "diálogo social". Sin embargo, el Gobierno aún no cuenta con el respaldo seguro de sus socios habituales, como ERC, Junts o el PNV, lo que hace que el apoyo del PP sea fundamental.
Este enfoque parece diferir del que adoptó el PP durante la reforma laboral de 2021. En esa ocasión, bajo el liderazgo de Pablo Casado, a pesar de que el texto también contaba con el acuerdo de la patronal y los sindicatos, el PP votó en contra, casi provocando el fracaso de la medida. Finalmente, la reforma fue aprobada por error, cuando un diputado del PP, Alberto Casero, votó favorablemente por equivocación. De no haber sido así, la norma habría sido rechazada.
El 18 de septiembre, el presidente Pedro Sánchez presentó en La Moncloa el último paquete de reformas en materia de pensiones. Este acuerdo, que se cerró con los agentes sociales el 31 de julio tras varios meses de negociaciones, plantea cambios en áreas como la jubilación parcial y la activa. Algunas de las medidas pueden implementarse a través de reglamentos y órdenes ministeriales, pero otras requieren el apoyo del Parlamento, y ahí es donde el PP está dispuesto a colaborar.
Aunque el pacto se alcanzó hace más de dos meses y se presentó públicamente hace un mes, el Gobierno aún no ha enviado el texto al Congreso. La frágil situación parlamentaria del PSOE en esta legislatura ya ha provocado que retire algunas propuestas antes de que sean votadas para evitar derrotas. Además, las recientes noticias sobre el caso Koldo, que implican al exministro José Luis Ábalos, han generado un ambiente aún más tenso en el Congreso, como se evidenciará en la próxima sesión de control al Gobierno.
En la reunión más reciente de la comisión del Pacto de Toledo, celebrada el 12 de septiembre, los socios de investidura de Sánchez expresaron su descontento con el Ejecutivo. Algunos están insatisfechos con partes del acuerdo alcanzado por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y los agentes sociales, dejando en duda su apoyo a la reforma.
Uno de los puntos más controvertidos es el papel que se otorga a las mutuas en las revisiones médicas. El acuerdo permite que las mutuas, que colaboran con la Seguridad Social, realicen pruebas médicas y traten a trabajadores que sufran accidentes en su tiempo libre. El objetivo es reducir la presión sobre la sanidad pública y facilitar una reincorporación más rápida al trabajo. Sin embargo, algunos grupos consideran que esta medida otorga demasiada responsabilidad a las mutuas, mientras que otros opinan que es insuficiente, y quisieran que las mutuas pudieran gestionar directamente las altas y bajas médicas.
Diputados como Jordi Salvador de ERC han manifestado su rechazo, subrayando la importancia de que sea el sistema público de salud el que mantenga el control total sobre las bajas laborales. Por su parte, Josep Maria Cervera de Junts defendió que las mutuas deberían tener más competencias en este proceso. Otros partidos, como el BNG y el PNV, también han expresado sus críticas por distintos motivos, dejando en duda su voto a la reforma.