(Expansión, 27-09-2024) | Laboral
El debate sobre la reducción de la jornada laboral se intensifica porque el Gobierno y los sindicatos no consiguen llegar a un consenso con la CEOE. Los empresarios se oponen a que el Ejecutivo implemente esta medida a través de una ley, prefiriendo que se mantenga en el marco de la negociación colectiva, una postura que también respalda la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). La Fundación rechaza firmemente que el Gobierno quiera imponer legalmente la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales sin recorte salarial, y advierte que hacerlo sin introducir medidas compensatorias para las empresas, que mitiguen el aumento de los costos laborales, y sin un incremento significativo de la productividad, podría generar efectos negativos. Además, la reducción de la jornada debería facilitar la creación de empleo mediante el reparto de las horas de trabajo.
En este contexto, Fedea calcula que la medida podría reducir el crecimiento medio anual del PIB en seis décimas durante dos años, y el crecimiento del empleo en ocho décimas. Esto equivaldría a una pérdida de 9.000 millones de euros anuales para la economía, acumulando un total de 18.000 millones en los dos años evaluados en el estudio. Esta reducción en la producción empresarial y en los empleos que no se generarían sería inevitable a menos que el Gobierno adopte medidas para compensar al sector privado.
En la más reciente actualización de las previsiones económicas, publicada el pasado martes, el Gobierno estimó que el PIB nominal alcanzaría los 1,498 billones de euros, un aumento de 36.000 millones en comparación con las proyecciones anteriores. El informe también señala el impacto que tendría una reforma sin el acuerdo de las empresas, en particular en el sector turístico, que representa el 12% del PIB. Según Exceltur, la reducción de la jornada laboral sin recorte salarial supondría una pérdida de 5,7 millones de horas de trabajo semanales, lo que obligaría a contratar más personal, con un coste anual de 2.348 millones de euros.
Esto implicaría un aumento del 4,9% en los costos laborales del sector turístico y una reducción promedio del 8,1% en sus beneficios anuales. El informe de Fedea fue elaborado por los profesores J. Ignacio Conde-Ruiz, Jesús Lahera y Analía Viola, mientras que el análisis del impacto económico en el PIB y el empleo fue realizado por los profesores Arellano, García y Ulloa.
Fedea advierte que la reducción de la jornada laboral debe ser fruto de un acuerdo entre el Gobierno, las empresas y los sindicatos, y no una imposición unilateral. Además, recalca que este asunto debe gestionarse a través de la negociación colectiva. Según el informe, imponer una reducción generalizada de la jornada laboral mediante una ley, como propone el Gobierno, tendría importantes consecuencias jurídicas y económicas que deben ser cuidadosamente analizadas.
Además de sus repercusiones en la economía y el empleo, una regulación uniforme para todas las empresas, sin tener en cuenta sus particularidades, podría llevar a que, en las negociaciones colectivas, las empresas adopten posturas más restrictivas respecto a los permisos retribuidos, el tiempo libre e incluso la desconexión digital. Esto podría generar efectos no deseados para los trabajadores, alterando el equilibrio entre tiempo de trabajo y salario.
En conclusión, Fedea afirma que modificar la jornada laboral máxima fuera del ámbito de la negociación colectiva no sólo altera el equilibrio entre tiempo y salario, sino que también afecta la organización del tiempo de trabajo, lo que podría terminar perjudicando a los trabajadores de forma imprevista.