(El Mundo, 05-09-2024) | Mercantil, civil y administrativo
Hoy, el Rey inaugura el Año Judicial en un momento en que resurgen las esperanzas de que la normalidad regrese a este importante poder del Estado en España. Después de cinco años de parálisis, el Consejo General del Poder Judicial eligió esta semana a Isabel Perelló como nueva presidenta de la institución y del Tribunal Supremo, tras el acuerdo alcanzado semanas atrás entre PSOE y PP sobre la composición del órgano de gobierno de los jueces.
Felipe VI asistirá hoy a la sede del Tribunal Supremo, donde solo él y el controvertido Fiscal General del Estado aparecerán nuevamente en la foto presidencial. Después de años en los que los bloqueos políticos han impedido cumplir con el mandato constitucional (principalmente por parte del PP), parece que los ciudadanos pueden empezar a recuperar la confianza en una justicia que ha sido vista como excesivamente politizada.
El hecho de que el nuevo liderazgo del CGPJ y el Supremo esté encabezado por una mujer es significativo, especialmente considerando que el 57% de los jueces en activo son mujeres. Es un avance simbólico, pero lo más importante es que se ha roto una situación que ha tenido graves consecuencias para la Justicia, tanto en sus funciones como en su credibilidad.
Aunque no se puede decir que la crisis de la Justicia esté totalmente superada, los recientes avances representan pasos decisivos hacia la normalización. El actual sistema de elección de los miembros del Consejo, basado en el reparto entre los principales partidos, sigue siendo un lastre del pasado. Mientras no se implemente un nuevo método de selección, persistirá el riesgo de que la Justicia siga politizada.
Uno de los principales retos que enfrentará Isabel Perelló será precisamente la reforma de este sistema. El pacto entre PSOE y PP ante la Comisión Europea estipula que el CGPJ tiene un plazo de seis meses para presentar una propuesta que permita la "participación directa" de jueces y magistrados en la elección de los 12 vocales de origen judicial. Durante este tiempo, el Consejo deberá analizar los sistemas utilizados en otros países europeos y proponer una reforma que reciba el apoyo de tres quintos de la institución.
Sin embargo, dicha propuesta no será aprobada automáticamente, ya que deberá ser enviada al Gobierno y al Parlamento para que los poderes ejecutivo y legislativo decidan su destino. Solo entonces se sabrá hasta dónde están dispuestos a llegar los principales partidos.
Además de esta reforma, el Consejo también debe abordar con urgencia el nombramiento de alrededor de 100 jueces y magistrados en diversos tribunales, vacantes debido a los bloqueos institucionales de los últimos años. Estos nombramientos requieren consenso, ya que se necesita una mayoría reforzada de 13 votos.
El Tribunal Supremo tiene actualmente 27 vacantes, y a esto se suman otras 40 en los tribunales superiores de justicia, 31 en las audiencias provinciales y 2 en la Audiencia Nacional. Estas cifras alarmantes explican la lentitud y falta de eficacia del sistema judicial en los últimos años.
Entre los nombramientos más destacados está el del presidente de la Sala Segunda del Supremo, un puesto ocupado por el magistrado Manuel Marchena desde 2019, cuyo mandato termina en noviembre. Esta sala, encargada de los casos penales más importantes de España, será uno de los focos principales de negociación en las próximas semanas, dada su relevancia.
En este proceso de normalización judicial y de recuperación de la separación de poderes, es fundamental superar las etiquetas que se asignan a jueces y magistrados, como progresistas o conservadores. Los jueces deben ser imparciales y cumplir la ley sin influencias ideológicas o políticas.
No obstante, esta cuestión seguirá siendo difícil de resolver mientras los partidos sigan interviniendo en los nombramientos y decisiones judiciales. Además, el desprestigio judicial se ve agravado por las críticas de las fuerzas políticas a las sentencias que no les favorecen. Esto mina la credibilidad del sistema judicial y refuerza la percepción de politización.
En contraste con el consenso logrado para el nombramiento de Perelló, ayer se dio otro ejemplo de politización en la designación de José Luis Escrivá, exministro, como gobernador del Banco de España. Aunque su currículo es adecuado para el puesto, su reciente paso por el gobierno genera dudas sobre su independencia, lo que ha sido criticado como un nuevo caso de "puertas giratorias" en las instituciones.