(El Economista, 19-03-2025) | Laboral
Desde principios de año, las cuentas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) presentan un desequilibrio, ya que el gasto en prestaciones por desempleo supera los ingresos provenientes de las cotizaciones sociales destinadas a financiar estas ayudas. Según los informes de ejecución presupuestaria, en febrero el organismo adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social registró un déficit de 169.000 euros, tras haber cerrado enero también en negativo (-22.062 euros). De este modo, el sistema de prestaciones por desempleo vuelve a números rojos por primera vez desde 2021, a pesar del incremento en el empleo y la reducción del número de parados, quienes actualmente perciben más de 1.000 euros mensuales de media.
El SEPE opera con un sistema acumulativo, donde los ingresos y gastos de cada mes se suman a los siguientes, lo que permite evaluar qué porcentaje del presupuesto anual se ha consumido. En los dos primeros meses del año, se han desembolsado 4.307.829,77 euros en prestaciones, lo que equivale al 20,6% del presupuesto total y supone un aumento del 7% respecto al mismo período del año anterior, cuando había 167.000 desempleados más. Esta situación se debe, en parte, a que los trabajadores acceden al desempleo con salarios más altos, lo que eleva la cuantía de las prestaciones. Además, un número indeterminado de trabajadores con contratos fijos discontinuos en suspensión de actividad recibe prestación sin figurar como desempleado.
Paralelamente, los ingresos procedentes de la cuota por desempleo han disminuido. En comparación con el mismo período de 2024, el SEPE ha recaudado casi 20.000 euros menos, mientras que el gasto en prestaciones ha aumentado en 295.634,2 euros. Existe debate entre los expertos sobre si ciertas ayudas, como el subsidio para trabajadores eventuales del campo en Extremadura y Andalucía (SEASS) o la Renta Activa de Inserción (RAI), deberían financiarse con estos ingresos o a través de impuestos. Excluyendo estas partidas, el balance de febrero sigue siendo deficitario, con -16.027 euros.
Más allá de esta discusión, los datos reflejan que el sistema atraviesa su mayor tensión financiera desde finales de 2021, aunque sin llegar a los niveles de ese período, cuando el déficit superaba los tres millones de euros. El principal factor de este incremento es el aumento del gasto en prestaciones contributivas y en las cotizaciones a la Seguridad Social que el sistema cubre mientras los beneficiarios están desempleados. No obstante, este déficit no se debe en su mayoría a la reforma aprobada en mayo de 2023, que amplió los colectivos con derecho al subsidio tras agotar la prestación contributiva o no haber generado suficiente derecho a ella.
En febrero, se destinaron 2.154.148 euros a prestaciones contributivas, un 9,95% más que en el mismo mes de 2024, y otros 847.177,18 euros a cubrir las cotizaciones de estos desempleados, un 10,5% más que el año anterior, pese a haber menos beneficiarios. En contraste, el aumento del gasto en subsidios por desempleo fue más moderado, con un incremento del 4,3%, superando los 796.390 euros, mientras que la cobertura de sus cotizaciones sociales creció un 3,9%, hasta los 357.046 euros.
Si bien las prestaciones por desempleo no representan la totalidad de los ingresos y gastos del SEPE, sí constituyen su principal partida presupuestaria. Para 2024, el organismo cuenta con un presupuesto total de 27,7 millones de euros, de los cuales 20,9 millones están destinados a prestaciones para desempleados, tanto contributivas como asistenciales. El resto del presupuesto se destina a subsidios por cese de actividad para autónomos, orientación profesional, fomento del emprendimiento, modernización de los servicios públicos de empleo, cuotas a organismos internacionales, contratos del Estado, costos de personal y gastos financieros.
En cuanto a los ingresos, la mayor parte proviene de las cuotas por desempleo, que se espera aporten 25,7 millones de los 27,2 millones previstos para el cierre del ejercicio. A finales de febrero, el SEPE había recaudado un 16,06% de esa cantidad. En comparación, las contribuciones por formación profesional (1,4 millones) y protección por cese de actividad (2.000 euros) son mínimas. Otras fuentes de ingresos relevantes incluyen fondos europeos destinados a programas cofinanciados con el Fondo Social Europeo (200.000 euros) y reintegros de ejercicios anteriores.
En los últimos años, la OCDE ha señalado que el sistema español de prestaciones por desempleo es relativamente "generoso", debido a su duración de hasta dos años, a los subsidios adicionales tras agotar la prestación y al porcentaje del último salario que cubre. En este sentido, el Gobierno elevó la cuantía inicial al 70% de la base reguladora durante los primeros seis meses sin empleo, reduciéndola después al 60%, mientras que en 2012 este porcentaje bajaba al 50%.
La reforma del subsidio amplió la cuantía inicial a 570 euros mensuales durante el primer semestre, reduciéndola a 540 euros en los seis meses siguientes y a 480 euros hasta agotar la ayuda. Esta modificación buscó mejorar la compatibilidad con el empleo, aunque al mismo tiempo incrementó la percepción de "generosidad" en las ayudas, lo que generó un debate dentro del Gobierno, especialmente con el área económica.