(El País, 23-01-2025) | Laboral

El sindicato de funcionarios CSIF planea convocar una huelga el próximo lunes si el concierto sanitario para empleados públicos de Muface queda sin aseguradoras interesadas, cuyo plazo de licitación vence el 27 de enero. Aunque la fecha de la huelga aún no se ha concretado, se estima que más de medio millón de empleados públicos afectados por la crisis de la mutualidad sanitaria serán llamados a participar. Actualmente, solo Asisa está evaluando si participar en la licitación, mientras que Adeslas y DKV han decidido no hacerlo debido a las pérdidas que implicaría.

Muface, una mutualidad administrativa dependiente del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, permite desde hace 50 años que sus afiliados (en su mayoría docentes) elijan entre sanidad pública o privada a través de un convenio con aseguradoras. Esta mutualidad cubre a 1,5 millones de personas, incluyendo a los empleados públicos y sus familiares, de los cuales el 70% optaron por la sanidad concertada en 2024. Si no se concreta el convenio, todos los afiliados tendrían que ser atendidos por el sistema nacional de salud, agravando su ya elevada saturación.

CSIF ha advertido que, de no presentarse Asisa, la huelga será convocada para la primera quincena de febrero, afectando a diversos sectores estatales como educación, universidades, ministerios, organismos oficiales, delegaciones del Gobierno y Correos. Más de 600.000 funcionarios, excluyendo a jubilados y policías nacionales, podrían participar en el paro.

La situación ha generado incertidumbre entre los empleados públicos, incrementando las consultas y reclamaciones por problemas en la atención sanitaria. Desde CSIF, aseguran estar apoyando a los funcionarios en sus quejas mientras informan sobre la gravedad de la situación a través de campañas en los centros de trabajo.

La crisis de Muface comenzó en octubre, cuando las aseguradoras rechazaron participar en la primera licitación para el convenio 2025-2027, pese a que Función Pública ofreció un aumento del 17% en las primas. Una segunda licitación incrementó este porcentaje al 33,5% (4.500 millones de euros en tres años), pero Adeslas y DKV tampoco participaron, dejando a Asisa como única posible candidata. Esta situación es inédita en los 50 años de historia de Muface.

Óscar López, ministro de Función Pública, ha intentado tranquilizar a los afectados asegurando que la prórroga del convenio actual (2021-2024) podría extenderse hasta septiembre, pero las aseguradoras se han mantenido firmes en su rechazo. Además, el Ministerio de Sanidad, bajo el control de Sumar, ha expresado su intención de integrar a los mutualistas en el sistema nacional de salud, cuestionando la viabilidad de la excepcionalidad de Muface.

Las conversaciones entre el Gobierno y el sector asegurador han explorado compensaciones por las pérdidas acumuladas, que rondan los 600 millones de euros en los últimos tres años debido a la inflación y la insuficiente financiación del convenio. Adeslas calcula que habría perdido 250 millones de euros si hubiera participado en la licitación, y DKV estima pérdidas de entre 70 y 100 millones.

La gran incógnita es si Asisa puede asumir el reto de presentarse en solitario al convenio, dado que hasta ahora gestionaba a 367.000 beneficiarios y tendría que ampliar su cobertura a más de un millón de personas, un desafío logístico y económico considerable.

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