(El Economista, 27-09-2024) | Laboral

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha rechazado la solicitud del Tribunal Supremo de España para que aclare de forma urgente si se debe hacer fijos, como si fueran funcionarios, a los interinos que han encadenado abusivamente contratos temporales durante años en la Administración. El TJUE ya se ha pronunciado en dos ocasiones este año, en febrero y junio, afirmando que una posible sanción para la Administración por no convocar oposiciones y abusar de los interinos es convertir a estos trabajadores en empleados fijos.

Sin embargo, el Tribunal Supremo se muestra en desacuerdo con este criterio, argumentando que su doctrina establece que el acceso a la condición de funcionario debe realizarse mediante pruebas que garanticen los principios de igualdad, mérito, capacidad y no discriminación, tal como exige la Constitución.

A pesar de los fallos del TJUE, el Supremo planteó una nueva cuestión prejudicial al tribunal europeo para que aclare si la normativa comunitaria está en contra de su jurisprudencia, que insiste en que se deben respetar estos principios para acceder a la función pública. Además, solicitó que se aclare si sería suficiente con indemnizar al interino cuando finaliza su relación laboral abusiva como medida disuasoria para la Administración, en lugar de hacerlos fijos.

El Supremo también pidió al TJUE que su asunto se tramitara por el procedimiento acelerado, debido a la "necesidad de unificar criterios judiciales" y la "importancia de la cuestión en la sociedad española", dada la alta tasa de empleo temporal en el sector público. Este procedimiento de urgencia permitiría fijar rápidamente una vista y conceder un plazo de 15 días para que las partes presenten sus alegaciones.

No obstante, el presidente del TJUE, Koen Lenaerts, rechazó la solicitud del Supremo en un auto del 4 de septiembre. Argumentó que "una discrepancia en la interpretación del Derecho de la Unión entre tribunales nacionales no es suficiente por sí misma para justificar un procedimiento acelerado". Además, afirmó que "el gran número de personas afectadas por la cuestión no constituye una circunstancia excepcional que justifique este procedimiento".

Aun así, Lenaerts señaló que, aunque no es necesario resolver el asunto de inmediato, se le dará prioridad frente a otros casos. Esta decisión deja en una situación incierta a miles de interinos que reclaman ser convertidos en fijos tras años de contratos temporales abusivos. Muchos tribunales inferiores ya están otorgando la fijeza a estos trabajadores basándose en las anteriores sentencias del TJUE.

Sin embargo, debido a las dudas planteadas por el Supremo, que ha suspendido todos los casos hasta que el TJUE emita una nueva sentencia, las decisiones de los tribunales inferiores podrían ser recurridas por la Administración. Esto permitiría ganar tiempo mientras el alto tribunal español no modifique su doctrina. A finales de 2023, en España había 3,5 millones de empleados públicos, de los cuales un millón eran temporales.

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