(Cinco Días, 04-11-2020) | Sector
Siete meses después de la irrupción de la pandemia, los abogados del turno de oficio se sienten inseguros cada vez que asisten a un detenido. A pesar de que ya no faltan mascarillas ni geles hidroalcohólicos, denuncian que siguen estando expuestos a situaciones de riesgo, fundamentalmente, porque no existe un protocolo anti-covid que abarque sus intervenciones, desde el momento del arresto hasta la puesta a disposición judicial.
“Las guardias se han convertido en una lotería en la que te juegas la salud”, afirma Juan Manuel Mayllo, presidente de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (Altodo), quien revela que, desde marzo, varios abogados adscritos al servicio de justicia gratuita se han contagiado mientras realizaban su labor en dependencias policiales y judiciales. “Necesitamos que se apruebe una normativa que obligue a estos centros a respetar las recomendaciones de las autoridades sanitarias y que defina las actuaciones que pueden hacerse por teléfono o internet”, asegura.
Como apuntan desde Altodo, hay comisarías que rechazan realizar diligencias por videoconferencia, bien porque no disponen de los medios informáticos necesarios o porque los agentes no tienen instrucciones al respecto. “En ocasiones, nos vemos obligados a reunirnos con personas que llevan dos días sin cambiarse la mascarilla en cuartos sin ventilación”, relata Javier Ruiz, quien no ha parado de realizar asistencias desde el inicio de la crisis sanitaria.
Las escenas de tensión se repiten cuando llega el momento de la toma de declaración ante el juez. La también letrada María Taboada se queja de que algunos magistrados permanecen en sus despachos mientras que los abogados son enviados a los calabozos para acompañar al detenido durante la comparecencia telemática. Estos comportamientos, dice, “no solo suponen una falta de consideración profesional, sino que además representan un riesgo para la salud”.
Según señalan desde el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), la mayoría de quejas tienen que ver con las aglomeraciones. Fernando Bejerano, director del área de defensa al colegiado, explica que desde la reactivación de los plazos procesales se vienen produciendo constantes retrasos que provocan concentraciones de personas a las puertas de los juzgados. Un problema que, en su opinión, “podría solucionarse si los operadores jurídicos mantuvieran una comunicación más fluida”.