(El País, 04-11-2024) | Fiscal
Las administraciones públicas en España llevan tres años trabajando intensamente para reducir el déficit público. Durante el primer año de la pandemia, implementaron un gran paquete de ayudas para mitigar el impacto de la crisis en hogares y empresas, lo cual elevó el déficit a 111.897 millones de euros, equivalente al 9,91% del PIB. A pesar de los retos posteriores, como la guerra en Ucrania, la crisis energética y la alta inflación, las administraciones lograron reducir el déficit hasta el 3,32% del PIB, gracias en parte al aumento de ingresos fiscales por la inflación y la recuperación económica tras la pandemia. Durante este periodo, la Comisión Europea suspendió las normas fiscales, permitiendo a los estados flexibilidad en sus cuentas públicas.
Sin embargo, las autoridades europeas han revisado las normas de control fiscal, y ahora los países deben reducir las ayudas de emergencia para reequilibrar sus cuentas y reducir la deuda acumulada. En los últimos meses, las administraciones en España han frenado su ritmo de reducción del déficit. Los datos hasta septiembre muestran un aumento leve en el déficit en comparación con el año anterior, lo que aleja la meta de reducir el desequilibrio al 3% del PIB comprometido con Bruselas.
Para cumplir el límite de déficit pactado, las administraciones españolas deben reducir el déficit en unos 5.000 millones de euros antes de final de año. Hasta septiembre, el déficit del Estado representaba el 2,17% del PIB, en contraste con el 1,75% del mismo periodo del año anterior, lo que refleja un aumento de 8.000 millones. Este incremento se atribuye en parte al ajuste en las liquidaciones del sistema de financiación autonómica y local que se realizaron en julio.
El sistema de financiación tiene un desfase de dos años; si la recaudación real supera las previsiones, las administraciones locales reciben una compensación a favor, y en caso contrario, en contra. Dado el incremento en la recaudación de los últimos años, las comunidades y ayuntamientos han recibido fondos adicionales, pero aún no han reducido de forma significativa su déficit presupuestario. Hacienda advierte que, sin embargo, el déficit regional se sitúa en torno a los 20.578 millones de euros, un 57,7% más que el mismo periodo del año anterior, según datos oficiales.
Un análisis del déficit hasta fin de año sugiere que será difícil reducirlo significativamente sin una reducción del gasto en los últimos meses del año. Si no se alcanza el objetivo del 3% de déficit, Bruselas podría aplicar medidas de austeridad. Hacienda reconoce la dificultad de la situación, aunque señala que ciertos gastos extraordinarios, como reembolsos judiciales, podrían no repetirse en el próximo año, y confía en que la Comisión Europea no los tome en cuenta para el cálculo del déficit.
Los ayuntamientos, tradicionalmente las administraciones más equilibradas, presentaban superávit desde 2012 (con la excepción de 2020). Se esperaba que este año también contribuyeran positivamente, pero los primeros informes indican que apenas alcanzarán el equilibrio. Aunque el Gobierno anticipaba que las comunidades cerrarían el año con sus cuentas equilibradas gracias a mayores recursos de financiación, los datos sugieren que el Estado central enfrentará el mayor peso del déficit, un 3% del PIB, a menos que se reduzcan los gastos en los últimos meses del año.
Según Hacienda, el déficit de caja no financiero del Estado hasta septiembre ha sido de 47.054 millones, un 46,6% más que en 2023, aunque factores como las liquidaciones negativas y los fondos Next Generation afectan la comparación. Descontando estos elementos, el déficit se habría reducido en un 9,7%. Con todo, el margen para alcanzar la meta de déficit es reducido, y probablemente ni los ayuntamientos ni las comunidades podrán compensar el desajuste en las cuentas del Estado.