(Expansión, 14-10-2024) | Fiscal
España presentará el próximo martes, 15 de octubre, a la Comisión Europea su plan de equilibrio fiscal a medio plazo, con el fin de alinearse con las nuevas normas fiscales de la Unión Europea, tal como se comprometió con Bruselas. Aunque los detalles del plan aún no se han revelado y el Gobierno ha dado poca información al respecto, el presidente Pedro Sánchez mencionó en su última intervención en el Congreso que el documento incluirá compromisos de responsabilidad en el gasto y nuevas inversiones, asegurando que no habrá recortes.
Sánchez también recordó que la presión fiscal en España es actualmente cuatro puntos inferior a la media europea, y destacó que el país está cumpliendo con sus obligaciones en cuanto a la sostenibilidad de las finanzas públicas. A la espera de que se conozcan más detalles tras la reunión del Consejo de Ministros, la senda de ajuste fiscal que exige Bruselas es específica para cada país, teniendo en cuenta los niveles de deuda pública y sus retos económicos particulares.
En cuanto al contexto macroeconómico de España, este está marcado por la reciente revisión al alza del crecimiento económico en 2021 (2,7%), 2022 (6,2%) y 2023 (6,7%), según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Estos datos mejoran las proyecciones de deuda del país, aunque sigue siendo elevada, por encima del 100% del PIB.
Además, es relevante que la Comisión Europea decidió no abrir un procedimiento de déficit excesivo contra España en 2023, a pesar de que el déficit superó el 3%. Este procedimiento se activa cuando un país incumple las normas europeas de déficit y deuda, siendo el primer paso hacia posibles sanciones. Sin embargo, los Estados miembros siguen obligados a presentar planes de equilibrio fiscal con metas plurianuales de cuatro años.
Los países pueden solicitar extender el periodo de ajuste fiscal de cuatro a siete años si implementan reformas e inversiones que fortalezcan su crecimiento y resiliencia, así como la sostenibilidad fiscal. Estas inversiones deben estar alineadas con las prioridades de la UE, como la transición ecológica y digital, la seguridad energética y el fortalecimiento de la resiliencia social y económica.
El plan debe asegurar que, al final del periodo de ajuste, la deuda pública siga una tendencia descendente plausible o se mantenga en niveles prudentes por debajo del 60% del PIB, y que el déficit no supere el 3% del PIB de forma sostenida. Las nuevas reglas se enfocan en el crecimiento del gasto primario neto, en lugar de en el déficit estructural.
El Banco de España explica que el gasto primario neto excluye ciertos gastos, como los intereses de la deuda, programas financiados por la UE y las prestaciones por desempleo ligadas al ciclo económico. Cada país tendrá una cuenta de control para medir la desviación anual del gasto respecto a lo comprometido.
La reactivación de las reglas fiscales de la UE (60% de deuda y 3% de déficit) supone un desafío para la elaboración de los Presupuestos Generales de España para 2025, que el Gobierno ya está preparando, aunque aún no cuenta con los apoyos necesarios para su aprobación.
Por ello, el Gobierno español prevé un retraso en la presentación de su plan presupuestario a la Comisión Europea tras el 15 de octubre, aunque sí entregará el plan fiscal estructural a medio plazo en esa fecha. No obstante, la Comisión Europea ha advertido que hay "límites" a la flexibilidad en los plazos de presentación de los borradores presupuestarios para 2025.
En los últimos meses, España ha mantenido un diálogo técnico con Bruselas sobre la senda de gasto neto plurianual. Bruselas ya ha proporcionado una trayectoria de referencia para los países con deuda superior al 60% del PIB o déficit mayor al 3%, como es el caso de España. Una vez que se negocie la senda entre el Gobierno y la Comisión Europea y se reciban los planes de ajuste fiscal, la Comisión los evaluará en un plazo de seis semanas, con el 30 de noviembre como fecha límite.
Tanto la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) como el Banco de España han hecho sus propias estimaciones sobre el ajuste que España deberá realizar para cumplir con las nuevas reglas fiscales. Ambos organismos han lamentado que el Gobierno no haya hecho pública la trayectoria de referencia enviada por Bruselas.
Según la AIReF, España deberá realizar un ajuste equivalente a 0,4 puntos del PIB durante los próximos siete años (unos 6.000 millones de euros anuales), lo que implica que el gasto no podrá crecer más del 3% anual. Si el Gobierno opta por un periodo de ajuste de cuatro años, el ajuste anual sería mayor, de 0,63% del PIB (unos 9.000 millones de euros anuales).
Por su parte, el Banco de España calcula que será necesario un ajuste presupuestario de unos 0,5 puntos porcentuales del PIB al año durante siete años para cumplir con las normas europeas, aunque este escenario implicaría un menor dinamismo en la actividad económica.