(Expansión, 10-09-2024) | Fiscal
El servicio de estudios considera que la afirmación del Gobierno de que el pacto entre el PSC y ERC será la base para reformar el sistema de financiación autonómica "no es convincente". Señala que habrá "ganadores y perdedores claros" y advierte sobre posibles "daños colaterales" en la "eficiencia tributaria".
Las pocas explicaciones ofrecidas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la semana pasada sobre el acuerdo de financiación especial para Cataluña no han aclarado sus implicaciones. No obstante, desde la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) afirman que la idea del Gobierno de que este acuerdo sirva como primer paso hacia una reforma beneficiosa para todas las regiones "no resulta creíble". Además, alertan de que el aumento de fondos para las demás comunidades prometido por el Ejecutivo solo será posible a costa de recortar servicios públicos o subir impuestos.
"Seis semanas después de su firma, las virtudes del acuerdo entre el PSC/PSOE y ERC para otorgar a Cataluña un modelo de financiación singular siguen siendo motivo de debate, sin que se hayan aclarado los detalles de cómo se concretaría lo acordado", critica en el informe Ángel de la Fuente, director de Fedea y especialista en financiación autonómica, quien también cuestiona "las escasas explicaciones del Gobierno".
La principal conclusión del informe es que la postura del Gobierno sobre que el acuerdo con ERC puede sentar las bases de una reforma beneficiosa para todos "no es creíble". El documento asume que "los altos costes que probablemente conllevaría la implementación de este acuerdo" requerirán buscar alternativas que no pongan en peligro la solidaridad interregional ni la autonomía del Gobierno central. Fedea defiende la permanencia de una administración tributaria única que coordine con las autonomías a través de un consorcio que incluya al Estado y las 15 regiones de régimen común, en lugar de establecer consorcios bilaterales para cada comunidad. También sugiere mantener la ordinalidad en la financiación por habitante ajustado y ofrecer compensaciones temporales a las regiones infrafinanciadas, como Murcia, la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha.
Sin embargo, el acuerdo actual, que otorga a la Generalitat el control del 100% de los impuestos generados en Cataluña, a cambio de una contribución al Estado por los servicios prestados y una cuota de solidaridad aún por definir, desequilibraría el sistema e introduciría riesgos, ineficiencias y perjuicios.
"Habrá ganadores y perdedores claros", señala el informe de Fedea, advirtiendo que la redistribución de recursos no mejorará la equidad del sistema. Además, advierte sobre "enormes daños colaterales", como la pérdida de eficiencia en la recaudación de impuestos y una transformación hacia un modelo confederal que podría comprometer la capacidad del Estado para ejercer sus competencias constitucionales de manera adecuada.
Finalmente, Fedea reconoce que "el Estado podría compensar a las comunidades perdedoras" como han prometido Sánchez y Montero, pero advierte que los recursos necesarios solo podrían provenir de un aumento de impuestos en las regiones que permanezcan en el sistema común o de un recorte en las prestaciones estatales, lo que también tendría un impacto negativo en estas regiones.